“Tanto va el cántaro al pozo, hasta que se rompe”

Era lógico. Se había anunciado, se habían señalado incluso nombres de candidatos vinculados, de alguna manera, con el crimen organizado. Convenía, antes de aventurarse en este viaje sin sentido, establecer filtros que impidieran no solo que llegaran a convertirse en jueces o magistrados, sino que ni siquiera sus nombres figuraran en las listas finales. Pero toda prudencia cayó en la vorágine revanchista que solo busca sentencias a modo para seguir “gobernando”.

La confirmación del hecho no proviene ahora solo de la oposición, sino de sus propias filas, de quienes, importando poco las consecuencias, se ufanaron de que, con sus políticas, México pasaría a ser el país más democrático del orbe, pues hasta a sus propios juzgadores elegiríamos por voto popular.

Sí, la aceptación vino del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien así, sin más, admitió que se les “colaron” algunos: “Hay candidatas y candidatos con antecedentes criminales o vínculos con el crimen organizado en las listas” (organizaciones civiles afirman que son 13 los candidatos comprometidos hasta el momento). Pero eso, dijo, no debe preocuparnos, echando la bolita al INE y al Tribunal Electoral para que los retiren de las boletas antes de los sufragios.

La desfachatez del personaje concuerda con el actuar al que nos tienen acostumbrados quienes primero tiran la piedra y después esconden la mano, procurando culpar a terceros de sus propias torpezas. La verdad es que, desde su origen, este proceso —vendido como un avance democrático— ha despertado serias dudas sobre su efectividad.

Académicos, barras de abogados, ministros, exministros e incluso organismos internacionales alertaron al respecto. No obstante, ellos, en su afán de nombrar a quienes les garantizaran obediencia, solo atinaron a dejar la puerta abierta para beneplácito de quienes buscan impunidad en su actuar.

La justicia no debería responder a ningún partido político, y mucho menos al crimen organizado. Lo que está en juego va más allá de una simple elección.

Conforme se acerca la fecha —el primero de junio— más dudas surgen respecto a esta elección, y ello no es gratuito: los propios participantes en la contienda lo refuerzan con sus intervenciones. Vamos desde quien cree participar en un concurso de belleza hasta quien sugiere que la inteligencia artificial debería ser el principal asesor para dictar sentencias, por citar solo dos ejemplos entre cientos que se presentan a diario.

Las propuestas de las “favoritas” para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia solo muestran un profundo desconocimiento de las leyes que nos rigen.

Ha llegado a tal grado la decepción en el proceso que su propio promotor, Morena, acepta que solo votarán entre 10 y 15 millones de personas; es decir, el 15 % del padrón electoral, en el mejor de los casos. Y uno se pregunta: ¿dónde quedaron los 36 millones que supuestamente querían la reforma judicial, si ni a la mitad de ellos han convencido de participar?

Cabe destacar que, adicionalmente, 6 millones de ciudadanos han rechazado el “honor” de ser funcionarios de casilla en este proceso. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso y la apatía crece en la sociedad.

Este proceso ha estado marcado por anomalías e intereses políticos. Se ha dejado de lado el fortalecimiento de una carrera judicial sólida: jueces y magistrados bien preparados, mejor supervisión de sus sentencias, recursos suficientes para operar, promoción de la mediación y la conciliación como formas de justicia alternativa, con personal que no solo tenga la técnica, sino también la integridad y la ética necesarias para ejercer.

Al igual que con los jueces, un improvisado solo se serviría de las bondades de los mecanismos alternativos. Pero ellos, “tienen otros datos”.