Municipios mexiquenses ajustan tarifas de agua entre reclamos, cifras opacas y redes deterioradas, mientras legisladores presionan por eficiencia y transparencia que aún no llega

Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron los ajustes a las tarifas por derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes a los municipios de Coacalco, Cuautitlán y Huixquilucan. Las modificaciones, que no coinciden con lo establecido en el Código Financiero estatal, forman parte del análisis anual que realizan los legisladores para definir los cobros aplicables al año siguiente. Además, acordaron que otras 18 demarcaciones mantendrán en 2026 las tarifas vigentes, considerando únicamente el ajuste derivado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La decisión se tomó durante la reunión de dictamen de las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Finanzas Públicas y de Recursos Hidráulicos, encabezada por el diputado Osvaldo Cortés Contreras, de Morena. Ahí se revisaron expedientes, solicitudes y justificaciones enviadas por los organismos operadores, aunque varios legisladores insistieron en que, más allá de incrementos o descuentos, los municipios deben mejorar la eficiencia en la administración del recurso y la recaudación.

Coacalco recibió autorización para aplicar un aumento de 4% en las tarifas domésticas y no domésticas. En contraste, Cuautitlán obtuvo el aval para reducir 22% la tarifa comercial y 14%, una decisión poco común en el análisis anual. En el caso de Huixquilucan, se aprobó un incremento de 15% en la tarifa residencial media de uso doméstico. Este último punto generó desacuerdos, pues no todos los grupos parlamentarios respaldaron la medida.

Las comisiones también resolvieron ratificar para 2026 las tarifas actuales de Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec. Con esta decisión, dichos municipios evitarán cambios sustanciales en los cobros, salvo el ajuste anual por UMA.

Durante la discusión, la diputada Jennifer Nathalie González López, de Morena, votó en contra del incremento para Huixquilucan. Afirmó que el municipio no requiere aumentar tarifas, sino mejorar la administración interna de su organismo de agua. Señaló que la población ya enfrenta un contexto complejo en materia hídrica y financiera, por lo que —dijo— cualquier incremento debe estar plenamente justificado.

El diputado Gerardo Pliego Santana intervino para subrayar la necesidad de aumentar la inversión en reparación y ampliación de redes. Expuso que los organismos operadores solo cobran 37 metros cúbicos por cada 100 que suministran, lo que evidencia pérdidas significativas y una falta de control en la distribución. Enfatizó, además, que Toluca arrastra una deuda de 500 millones de pesos, mientras que, pese a tener un presupuesto de mil 500 millones, apenas destinó 150 millones a inversión. Aun así, reconoció el esfuerzo de la capital mexiquense por no solicitar incrementos para 2026.

Octavio Martínez Vargas, integrante del Congreso local, insistió en transparentar las finanzas de los organismos, pues —según expuso— persisten casos de doble contabilidad y de dependencias que no pagan por los servicios que contratan. También pidió simplificar los trámites para el suministro de agua. Puso como ejemplo a Ecatepec, donde únicamente 15 de cada 100 usuarios realizan el pago correspondiente, una cifra que refleja la urgencia de mejorar la recaudación.

Por parte del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Miriam Silva Mata sostuvo que el problema de fondo no es una crisis hídrica, sino la falta de políticas de gestión del agua a corto, mediano y largo plazo. Añadió que muchos municipios operan sin planificación técnica y con estructuras administrativas rebasadas por la demanda.

La diputada priista Leticia Mejía García intervino para señalar que el desabasto está relacionado con infraestructura inadecuada y con la necesidad de que parte de la recaudación se destine directamente a su mejora. Consideró indispensable realizar un análisis integral que permita entender por qué algunas zonas reciben agua de mala calidad mientras otras enfrentan tandeos constantes.

En tanto, la congresista Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la actualización de tarifas siempre implica un mayor pago para la ciudadanía. Según los informes revisados para estos 21 municipios, explicó, la distribución de agua disminuyó, pero su cobro aumentó, una situación que —afirmó— deja claro que los organismos buscan obtener mayores ingresos aun cuando el servicio presenta deterioro.

Al finalizar la sesión, las comisiones hicieron un llamado conjunto a las 21 demarcaciones involucradas para fortalecer sus procesos de recaudación, transparentar el manejo financiero y avanzar en la modernización de la infraestructura hidráulica. Subrayaron que las tarifas, aunque necesarias para sostener el servicio, no deben convertirse en un factor de presión injustificada para los usuarios, sobre todo en un contexto donde el acceso al agua se ha vuelto cada vez más complejo en la entidad.