La Fiscalía mexiquense sostiene que el secuestro de la alcaldesa de Tenancingo habría sido una simulación vinculada a un presunto faltante millonario en su administración

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de tres personas y el inicio de acciones judiciales contra una servidora pública municipal, además de mantener vigentes órdenes de aprehensión contra dos hombres más, por su presunta participación en la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, identificada con las iniciales N.N.P.

De acuerdo con la institución, las investigaciones realizadas tras los hechos reportados el pasado 31 de mayo permitieron reunir elementos que apuntan, en grado de probabilidad, a que la privación de la libertad denunciada por la edil habría sido planeada previamente y ejecutada con la participación de varias personas cercanas a ella.

La indagatoria inició luego de que la propia presidenta municipal denunciara haber sido privada de la libertad cuando se encontraba a bordo de un vehículo estacionado frente a su domicilio en Tenancingo. Según su versión inicial, un grupo integrado por dos hombres y una mujer la habría obligado a subir a un automóvil rojo mediante amenazas con arma de fuego.

La denunciante refirió que durante el cautiverio sus presuntos captores le entregaron un teléfono celular para comunicarse con familiares y solicitar recursos económicos a cambio de su liberación, además de pedir que no se realizaran acciones para localizarla.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía mexiquense encontró elementos que, según informó, contradicen la hipótesis de un secuestro convencional.

Uno de los hallazgos relevantes surgió a partir del análisis de videograbaciones captadas por cámaras de vigilancia. De acuerdo con la FGJEM, en las imágenes no se observan actos de violencia física, resistencia o sometimiento por parte de la alcaldesa al momento de abordar el vehículo Volkswagen Virtus color rojo que habría sido utilizado durante los hechos.

Por el contrario, la dependencia señaló que en el material videográfico puede apreciarse que uno de los participantes incluso le ayuda a descender de su automóvil antes de trasladarse al otro vehículo.

Las investigaciones también permitieron identificar que la unidad utilizada era ocupada habitualmente por Karla Valeria “N”, quien presuntamente participó junto con su pareja sentimental, Christian “N”, y su hermano Víctor Manuel “N”.

Tras ser identificados como probables involucrados, los tres abandonaron territorio mexiquense y se trasladaron al estado de Oaxaca. Con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, fueron localizados y detenidos el pasado 11 de junio.

De manera paralela, la Fiscalía estatal analizó comunicaciones telefónicas, entrevistas ministeriales y movimientos de dispositivos móviles relacionados con el caso.

Entre los datos recabados destaca la ubicación del teléfono que presuntamente fue entregado a la alcaldesa durante el supuesto secuestro. Según la investigación, el aparato registró desplazamientos desde la Ciudad de México hacia el estado de Oaxaca, donde permaneció activo varios días después de los hechos.

Otro de los aspectos centrales de la investigación apunta a una presunta planeación previa del evento. La Fiscalía informó que desde febrero de este año José Roberto “N” y Oscar “N”, identificados respectivamente como esposo y cuñado de la presidenta municipal, habrían comenzado a organizar un falso secuestro con el objetivo de exigir un supuesto rescate por 40 millones de pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dichos recursos presuntamente serían obtenidos del erario municipal.

La dependencia indicó que cuenta con entrevistas ministeriales en las que uno de los participantes señaló que el objetivo era justificar un faltante económico por la misma cantidad.

Asimismo, los investigadores encontraron registros de comunicación telefónica entre diversos involucrados. La Fiscalía destacó que entre Oscar “N” y Christian “N” se documentaron 136 llamadas entre abril y junio de este año.

También informó que José Roberto “N” negó inicialmente mantener comunicación con Oscar “N”; sin embargo, el análisis técnico permitió detectar 49 registros telefónicos entre ambos durante el periodo investigado.

Según la versión ministerial, el 31 de mayo los participantes habrían concretado la simulación. La presidenta municipal llegó a su domicilio acompañada por familiares y posteriormente abordó el vehículo rojo conducido por Karla Valeria “N”.

La Fiscalía sostiene que durante el trayecto fue la propia alcaldesa quien indicó rutas destinadas a evitar sistemas de videovigilancia. Posteriormente, al percatarse de la movilización policial generada tras el reporte de desaparición, habría manifestado preocupación por el despliegue de seguridad y pedido a sus acompañantes modificar el plan inicial.

Las investigaciones establecen que finalmente solicitó ser dejada en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, desde donde posteriormente pediría ayuda argumentando haber escapado de sus presuntos captores.

Más tarde fue localizada por su esposo y por el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía ejercitó acción penal por el delito de simulación de secuestro. Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” ya fueron detenidos, mientras que José Roberto “N” y Oscar “N” cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y son considerados prófugos de la justicia.

En el caso de la presidenta municipal de Tenancingo, la institución informó que obtuvo una audiencia de formulación de imputación por el mismo delito, programada para el próximo 9 de julio.

La Fiscalía recordó que todas las personas señaladas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por una autoridad judicial.

Además de las investigaciones relacionadas con la presunta simulación del secuestro, la Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para analizar la posible afectación de recursos públicos por 40 millones de pesos mencionada durante las indagatorias.

El caso ha generado atención pública debido a que involucra a una autoridad municipal en funciones y porque las líneas de investigación apuntan a una posible utilización de recursos institucionales y familiares para la planeación de un hecho que inicialmente fue presentado como un secuestro de alto impacto en la región sur del Estado de México.