La UAEMéx aprobó una reforma que plantea gratuidad gradual, voto universal para elegir Rectoría y un nuevo sistema de justicia universitaria sin precedentes

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) dio uno de los pasos más relevantes de las últimas décadas en su proceso de transformación institucional. El H. Consejo Universitario aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa de una nueva Ley Universitaria que plantea cambios de fondo en la organización, la vida democrática y los derechos de la comunidad universitaria, entre ellos una ruta legal para avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos, la elección de la Rectoría mediante voto universal y la creación de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.

El documento representa la actualización más profunda del marco jurídico universitario en más de 30 años y, de ser aprobado por la Legislatura del Estado de México, redefinirá aspectos centrales del funcionamiento de la máxima casa de estudios mexiquense.

Durante la sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno universitario, la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, explicó que el proyecto está integrado por 146 artículos, 17 disposiciones transitorias, siete títulos y 28 capítulos, con el propósito de establecer una legislación acorde con las necesidades actuales de la educación superior.

La propuesta incorpora nuevos principios rectores que buscan fortalecer la protección de los derechos universitarios y responder a los retos contemporáneos que enfrentan las instituciones públicas de educación superior. Entre ellos destacan la igualdad sustantiva, la inclusión, la perspectiva de género, la cultura de paz, la sustentabilidad, el bienestar universitario, la ciencia abierta, el uso de la inteligencia artificial y los cuidados como parte de la vida institucional.

Uno de los cambios de mayor alcance es el reconocimiento de la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos fundamentales, criterio que sustenta la incorporación de un plan de acción para avanzar de manera gradual hacia la eliminación de los cobros por inscripción y reinscripción.

La iniciativa establece que ese proceso deberá realizarse conforme a lo previsto en la Ley General de Educación Superior, procurando que la transición hacia la gratuidad no comprometa las funciones sustantivas de la Universidad ni afecte su estabilidad financiera.

En caso de que el Congreso del Estado de México apruebe la nueva legislación, la UAEMéx se convertiría en la primera universidad pública del país en incorporar expresamente dentro de su Ley un mecanismo para transitar de forma gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos.

El proyecto también propone modificar de manera significativa la vida democrática universitaria. Por primera vez en la historia de la institución, la persona titular de la Rectoría y las direcciones de los espacios académicos serían elegidas mediante sufragio personal, directo, libre, secreto y vinculante, sustituyendo el mecanismo actualmente previsto en la normatividad universitaria.

La reforma contempla además una mayor participación de la comunidad mediante la ampliación de los derechos de representación. Entre las propuestas figura la elección de consejeras y consejeros estudiantes y académicos de los Centros Universitarios, así como el otorgamiento de voz y voto a las personas titulares de las Unidades Académicas Profesionales dentro del H. Consejo Universitario.

Otro de los ejes centrales del proyecto consiste en la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, una nueva instancia que tendría como objetivo fortalecer la protección de los derechos de quienes integran la comunidad universitaria, promover mecanismos alternativos para la solución de controversias e impulsar una cultura institucional basada en la ética, la responsabilidad y el respeto.

La propuesta busca que la atención de conflictos internos se desarrolle bajo procedimientos claramente definidos, privilegiando la protección de los derechos humanos y universitarios dentro del ámbito académico.

Durante la sesión, la rectora y presidenta del H. Consejo Universitario, Martha Patricia Zarza Delgado, señaló que el proyecto es resultado de un proceso de diálogo y construcción de consensos entre distintos sectores de la comunidad universitaria.

La titular de la institución reconoció la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la Universidad que presentaron observaciones y propuestas durante el proceso de consulta pública realizado para enriquecer el contenido de la iniciativa.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión, la consulta registró 2 mil 703 participaciones. Del total, 61 por ciento correspondió a personas que se identificaron con el género femenino; 38 por ciento con el masculino y uno por ciento con el no binario.

Los temas que concentraron el mayor interés entre quienes participaron fueron la autonomía y la democracia universitaria, la transparencia en el manejo de los recursos, así como la seguridad y el bienestar de la comunidad, aspectos que quedaron reflejados en distintas disposiciones del proyecto.

La actualización de la legislación universitaria ocurre en un contexto nacional donde las instituciones públicas de educación superior enfrentan nuevos desafíos relacionados con el acceso a la educación, la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión, la igualdad y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos académicos y administrativos.

Con la aprobación unánime del proyecto, concluye la etapa interna de elaboración de la iniciativa. El siguiente paso será remitir el documento a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que, en ejercicio de sus facultades, lo presente ante la Legislatura mexiquense, donde iniciará el proceso legislativo correspondiente.

La eventual aprobación por parte del Congreso marcaría el inicio de una nueva etapa para la UAEMéx, al dotarla de un marco jurídico renovado que redefine la participación democrática de su comunidad, fortalece la protección de los derechos universitarios y establece, por primera vez, una ruta legal para avanzar hacia la gratuidad gradual de los servicios educativos.