Especialistas analizaron los principales retos que enfrenta la democracia en la región, como la violencia política y la desinformación en el foro organizado por el IEEM

La violencia política, la desigualdad de género y la desinformación son algunos de los principales desafíos que enfrenta la democracia en América Latina, según los expertos reunidos en el Foro Desafíos de la Democracia en América Latina, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del IEEM, destacó la importancia de la observación electoral como herramienta fundamental para fortalecer los procesos democráticos y garantizar elecciones libres y justas. «Las agencias internacionales de observación son una fuente invaluable de recomendaciones para adoptar mejores prácticas que permitan resolver nuevos desafíos y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones electorales», afirmó Pulido Gómez.

La violencia política, señaló la Consejera, es uno de los principales retos que enfrentan los países de la región, ya que impacta tanto la seguridad como el ejercicio de los derechos político-electorales. «Las amenazas y agresiones contra candidatos, partidos políticos y ciudadanos comprometidos con la vida democrática son una realidad que no podemos ignorar», subrayó.

Los expertos coincidieron en que la violencia política no solo limita la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y debilita el estado de derecho. «Es fundamental que los gobiernos y las instituciones electorales trabajen de manera coordinada para prevenir y combatir la violencia política en todas sus manifestaciones», afirmó Pulido Gómez.

Otro de los temas centrales del foro fue la desigualdad de género y su impacto en la democracia. A pesar de los avances en paridad de género en América Latina, persisten barreras estructurales y culturales que limitan la participación política de las mujeres.

«La violencia política de género, los estereotipos de género y la falta de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones son algunos de los desafíos que debemos enfrentar para construir democracias más justas e inclusivas», señaló Pulido Gómez.

La creciente desinformación y las guerras sucias en redes sociales también fueron temas centrales del foro. Pulido Gómez advirtió sobre la necesidad de que las instituciones electorales y los medios de comunicación sean proactivos en la lucha contra la desinformación.

«La difusión de noticias falsas y la manipulación de la información pueden tener un impacto significativo en el resultado de las elecciones y en la calidad de la democracia», afirmó la Consejera. Los expertos recomendaron promover la educación mediática y el pensamiento crítico para que la ciudadanía sea capaz de identificar y desmentir las noticias falsas.

Luis Miguel Santibáñez Suárez, Coordinador de Transparencia Electoral en México y Centroamérica, compartió su experiencia en la observación de la prueba piloto para la votación de personas privadas de la libertad, realizada junto con el IEEM en las elecciones de Gubernatura del Estado de México en 2023.

Santibáñez Suárez destacó que esta experiencia permitió identificar buenas prácticas y áreas de oportunidad para mejorar los procesos electorales y garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. «La observación electoral es una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de los procesos electorales», afirmó.

Los expertos reunidos en el foro coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, promover la participación ciudadana, combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia.

Resaltan las siguientes recomendaciones de los invitados al foro: Invertir en educación cívica que fortalecerá el hecho de que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y participen de manera activa en la vida política. Promover la transparencia y la rendición de cuentas, promover los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Combatir la corrupción implementar políticas públicas efectivas para prevenir y combatir la corrupción. Garantizar el acceso a la justicia, Promover la cooperación internacional Fortalecer la cooperación internacional para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de democracia y derechos humanos.