Para combatir cualquier riesgo de violencia en el Edomex, el nuevo Juzgado LIBRE busca frenar la inercia de aplicar medidas tardías que cuestan vidas con atención inmediata y permanente

En un gesto que marcó el arranque oficial del 25N en el Edomex, autoridades de los tres poderes de la entidad firmaron la iniciativa de reforma constitucional que permitirá crear el Juzgado LIBRE, un órgano jurisdiccional diseñado para transformar la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia. El acto se llevó a cabo tras la Mesa de Paz realizada en las instalaciones del C5, donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la presentación del proyecto.

La propuesta fue firmada por la gobernadora; el magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor Macedo García; el presidente de la Jucopo del Congreso local, José Francisco Vázquez Rodríguez; el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez; y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez. La coincidencia de estas instituciones, que no siempre confluyen en un mismo espacio, dejó ver la magnitud del problema que buscan atender.

El planteamiento central de la iniciativa es claro: contar con un mecanismo judicial que actúe sin pausas, sin trámites prolongados y sin los silencios institucionales que históricamente han dificultado la protección a mujeres y menores. El Juzgado LIBRE —cuyas siglas corresponden a Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación— operaría las 24 horas del día, los 365 días del año, con alcance en toda la entidad y competencia plena para emitir órdenes y medidas de protección urgentes.

De aprobarse la reforma, este juzgado funcionaría como un punto de atención inmediata para quienes enfrentan situaciones de riesgo inminente. La idea es que cualquier persona que acuda a pedir auxilio no tenga que esperar horarios hábiles, turnos o disponibilidad limitada. Se prevé que el nuevo órgano también facilite la articulación entre instituciones de seguridad, salud, procuración de justicia y atención a víctimas, con el fin de que las respuestas sean más rápidas y efectivas.

El proyecto considera la modificación de los artículos 5 y 88 de la Constitución Política del Estado de México. Con ello, todas las autoridades estarían obligadas a actuar con debida diligencia frente a amenazas que comprometan la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Además, los juzgados especializados en órdenes y medidas de protección quedarían formalmente integrados dentro de la estructura del Poder Judicial, lo que garantizaría su permanencia y capacidad operativa a largo plazo.

La relevancia de esta iniciativa se entiende mejor al revisar las cifras. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), el Estado de México registra una de las prevalencias más altas de violencia contra las mujeres en el país. A ello se suman datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a la entidad entre las de mayor número de feminicidios, lesiones dolosas y agresiones en espacios comunitarios. En ese contexto, reducir los tiempos de atención puede marcar la diferencia entre la protección y la tragedia.

Además, las autoridades mexiquenses han insistido en que el modelo del Juzgado LIBRE permitiría evitar demoras en la emisión de medidas de protección, uno de los puntos más críticos en casos de violencia. Muchas mujeres, señalaron, enfrentan largos procesos burocráticos para obtener una orden de alejamiento, un resguardo policial o alguna medida precautoria que podría salvarles la vida. La iniciativa busca cerrar esa brecha.

El Poder Judicial también tendría un papel central en la operación del nuevo órgano. Su diseño implica contar con personal especializado, infraestructura adecuada y un esquema de coordinación que permita actuar con prontitud. La lógica detrás de este modelo se basa en experiencias internacionales donde los juzgados de atención inmediata han permitido disminuir riesgos y reducir los episodios de violencia extrema.

Durante la presentación, se destacó que la creación del Juzgado LIBRE no solo representa un cambio administrativo, sino una nueva forma de entender la protección judicial. La intención es avanzar hacia un sistema más sensible, capaz de reaccionar con mayor rapidez y de manera preventiva. Por ello, el paquete de reformas plantea un enfoque humanista y de protección reforzada para quienes viven las violencias más graves.

Asimismo, se subrayó que el nuevo órgano jurisdiccional atendería de manera directa las recomendaciones internacionales que han pedido a México fortalecer la protección inmediata a mujeres y niñas. El Estado de México, al contar con la población más grande del país, enfrenta retos particulares que exigen soluciones específicas y sostenidas.

El Juzgado LIBRE busca convertirse en un mecanismo decisivo dentro de esa estrategia. Su operación permanente, sumada a su capacidad para emitir medidas urgentes, colocaría a la entidad en un modelo más ágil y con mayor capacidad de respuesta. La iniciativa, que ahora deberá ser revisada por el Congreso local, se perfila como uno de los cambios más relevantes en materia de justicia y protección en los últimos años.

Las autoridades han señalado que la urgencia es evidente. Y es que, ante cifras persistentes de violencia, cualquier avance en los mecanismos de atención puede significar un paso importante hacia la seguridad y la integridad de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el territorio mexiquense.