“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”

Decía el expresidente Álvaro Obregón: “no hay general que aguante un cañonazo de 50 mil pesos”, y aunque el monto se refiere a la época de la Revolución mexicana (una cantidad exorbitante para aquellos años), la seducción de obtener una cantidad considerable en la toma de decisiones, incluso entre las jerarquías militares, incluida la supuestamente incorruptible Marina, nos muestra que la frase aún goza de enorme sustento.

El prestigio ganado a pulso a lo largo de los años por esta institución, SEMAR, fue vulnerado por la codicia de algunos de sus integrantes, quienes, dejándose tentar por la autorización presidencial (AMLO) de poder actuar con total discrecionalidad y con enormes recursos gerenciales, administrativos y económicos a su disposición, permitieron que la corrupción sentara sus reales en el organismo, repartiéndose el botín con quienes patrocinaban su quehacer.

El desaparecer los controles ciudadanos para vigilar obras y su operatividad de un plumazo, a diferencia de lo que sucede en cualquier país democrático del mundo, propicia el robo, el abuso y la corrupción; pensar que quienes operan son “diferentes”, porque se dicen leales a otros principios, ignora la condición humana y no hace sino reproducir lo antes criticado por otra condición peor.

La red de corrupción descubierta en el puerto de Altamira, Tamaulipas, produjo en la presidenta Sheinbaum un sentimiento de oportunidad para quedar bien con Trump (mostrar que aquí se combate frontal a la delincuencia sin importar quién esté involucrado), por lo que presurosa ordenó su desmantelamiento, olvidando que cuando se destapa una cloaca, cualquier bicho puede salir de ahí.

Según se destaca en diversas publicaciones, hasta el momento pudieran ser más de 20 los oficiales que presuntamente estarían involucrados con el crimen organizado, ubicados en puestos de mando en aeropuertos, terminales terrestres y marítimos del país; el buque tanque que atracó en ese puerto con diésel presentó documentos que lo hacían pasar por aceite, con lo que evadían impuestos por 142 mil millones de pesos y, al parecer, pudiera ser el hilo conductor que lleve a desentrañar, si se deciden en verdad, al llamado huachicol fiscal.

Al almirante Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina (con la denuncia interna que presentó en 2024 por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero), esperan le baste para exonerarle de cualquier intento de involucramiento en el caso, no así a dos de sus sobrinos políticos, uno ya detenido. Hasta el momento han sido 14 personas las consignadas ante las autoridades competentes por este hecho, prácticamente solo los operativos, faltando aún las cabezas del grupo y ahí es justamente donde las cosas podrían complicarse para la presidenta.

Ahora que todo está en marcha y donde se hizo el compromiso público de ir hasta donde sea necesario con la investigación, es que los focos pueden tornarse rojos, pues otros nombres parecen anexarse a esta lista y algunos podrían estar muy ligados con el expresidente López Obrador y con su equipo de colaboradores cercanos.

Para colmo, el “sospechosismo”, en los últimos días dos capitanes de navío (cargo importante en la jerarquía naval) han perdido la vida, uno por suicidio y otro por un accidente en una práctica de tiro, Abraham Pérez y Adrián del Ángel Zúñiga, respectivamente; aunado a ello, un contraalmirante, Fernando Guerrero, que hizo una denuncia por operaciones irregulares en puertos y aduanas, fue asesinado el año pasado, sin que se esclarezca el caso todavía.

Mucha sangre militar es la derramada en los últimos días sin respuestas concretas, y la olla sube de presión. Por lo pronto, los norteamericanos, para quienes iba etiquetado el regalito, comprueban lo dicho: el crimen organizado se ha logrado incrustar ya en la vida social y política de nuestro país y, para colmo, “el jefe” seguramente está más que enojado con sus herederos.