Los gobernadores de Guerrero, Morelos, Michoacán y Edoméx participaron en la primera Mesa Interestatal de Construcción de Paz que además de reconocer, por principio, que estamos en una guerra; deben definir claramente cómo sabremos que se ha alcanzado ese objetivo

J. Israel Martínez Macedo / israelmartinez.com.mx

Los gobernadores Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; y Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos; se reunieron para llevar a cabo la Primera Mesa Interestatal de Construcción de Paz como mecanismo para combatir el aumento en la violencia generada por la presencia de la delincuencia organizada en estas cuatro entidades.

Las palabras para presentar este plan de acción no fueron elegidas al azar; tampoco los cinco objetivos tamizados como “ejes”: (1) blindaje contra la delincuencia organizada, (2) seguridad en carreteras, (3) combate a la extorsión y (4) vigilancia a la tala clandestina y (5) fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia.

La gobernadora mexiquense reconoció en su intervención que lo que están haciendo atiende a una necesidad o como ella lo dijo con precisión: “porque las circunstancias así lo ameritan”; es una respuesta al crecimiento y desarrollo que ha logrado la delincuencia organizada en las cuatro entidades, más específicamente, en la región compartida conocida como “tierra caliente”; esa franja territorial entre las cuatro entidades que identifica a sus habitantes más allá del estado en el que nacieron.

Para los románticos empedernidos, nostálgicos eternos de la historia, podría tratarse de la reconstitución del antiguo Estado de México, aquel conformado y reconocido como tal el 2 de marzo de 1824 y compuesto por el territorio que hoy es Morelos, y partes de Michoacán y Guerrero, faltando solo la inclusión de Hidalgo y la Ciudad de México para unificar de nueva cuenta aquella amplia, compleja y poderosa entidad federativa.

Más allá de rebuscadas coincidencias, es necesario decir y reconocer que la propuesta no solo suena positiva sino urgente; la situación en la “tierra caliente” que comparten estas entidades era insostenible y ya comenzaba a convertirse en un problema en expansión hacia otros espacios; el combate a las fuerzas fácticas que tienen el control de la región se estaba convirtiendo en, por decir lo menos, una necesidad.

Desde hace varios años, durante varios trienios y sexenios, los gobiernos municipales y estatales han tolerado, y con ello permitido, el establecimiento de grupos criminales que, con base en el uso de las armas y la violencia de distintos tipos, se han consolidado como la fuerza que controla la región en lo social, lo económico y, quizás ya también, en lo político.

Así se ha evidenciado en los últimos días: en lo social, los grupos de la delincuencia presionan y controlan la vida de los habitantes a grado tal que pueden utilizarlos para bloquear el acceso de las fuerzas militares si es que los grupos criminales así lo consideran necesario, o bien, extorsionarlos con lesionar a sus familiares para convertirlos en sus ojos y oídos en toda la comunidad.

En lo económico, los grupos criminales han hecho evidente lo que en la región era un secreto a voces: ellos controlan los precios a través de manipular la producción y monopolizar el comercio; incluso pese a las nuevas leyes que lo sancionan, demostrando que en esa región la ley es letra muerta. Los habitantes son obligados a comerciar solo en sus regiones, en tiendas específicas y a los precios que los delincuentes determinen so pena de represalias.

En lo político, los gobiernos han sido sometidos y, cada vez más, corren el riesgo de ser ocupados por los propios integrantes de estos grupos; ya en gobiernos anteriores los nuevos alcaldes han acudido al gobierno estatal para denunciar extorsiones y amenazas encontrando en respuesta oídos sordos y puertas cerradas; acciones que permitieron su asentamiento, primero, y su expansión, después.

El hecho de operar entre las cuatro entidades creaba un problema de jurisdicción que le permitía a los grupos criminales actuar en un municipio y refugiarse temporalmente en otro; como ocurrió en los ataques a las comunidades mexiquenses en las que se detectó que los agresores incursionaban desde Guerrero, atacaban, y regresaban a aquella entidad.

Por esto es de reconocer y aplaudir que una determinación de este tipo se concrete pues significa, en caso de ejecutarse de manera efectiva y real, el primer paso para retomar el control de la región para los respectivos Estados y sus gobiernos pero, también, para evitar que ocurra en nuestra entidad lo que convirtió a Ecuador en noticia mundial.

Pese a ello, la determinación también implica reconocer aquello que el gobierno federal ha negado desde el inicio de la actual administración y es la existencia de un conflicto armado en el interior del país protagonizado por los cárteles del crimen organizado y en contra de las fuerzas armadas y policías de los tres niveles de gobierno.

Esa famosa guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón y que por esa misma razón política no podía ser reconocida ni avalada como mecanismo de respuesta a la situación actual del país, ha tenido que ser aceptada de manera velada tras el eufemismo de la “construcción de la paz”.

El problema de este mecanismo es que, hasta el momento, solo es un listado de buenas intenciones al que le faltan dos elementos clave en la conformación de sus objetivos: un plazo para su cumplimiento y una definición clara en varios de ellos; por ejemplo: ¿Qué significa el “blindaje contra la delincuencia organizada”? ¿El “blindaje” de quién: Del gobierno, de los habitantes, del territorio, del comercio, a quién se pretende blindar? Y ¿cómo se medirá ese “blindaje”? Es decir, ¿cómo sabremos que se ha logrado “blindar” lo que sea que se haya pretendido “blindar”?

¿Cómo se piensa brindar seguridad en las carreteras? ¿Se trata de evitar los robos, los secuestros o los retenes, o se trata de poder transitar por todos los caminos de las cuatro entidades sin tener que “avisar” o sin el riesgo de ser detenidos por no haber sido identificados previamente?

¿Cómo se medirá el éxito o el fracaso, o si parece muy extremo, el avance o el retroceso en el combate a la extorsión? Es más, ¿se sabe en este momento qué nivel de extorsión existe en la región y las entidades? ¿Cómo se evitará que los grupos delincuenciales amenacen la vida y seguridad de los habitantes que es la esencia de la extorsión?

¿Qué significa que se vigilará a la tala ilegal? ¿Que se tolerará y se permitirá solo en lugares o zonas permitidas o que definitivamente se le combatirá con todo el peso de las instituciones y en todo los niveles? ¿Se diferenciará la tala ilegal de los grupos que comercian masivamente los árboles maderables de aquella que realizan algunas comunidades de forma selectiva para su supervivencia?

¿El fortalecimiento de las capacidades de comunicación y de inteligencia significa que habrá intercambio de información y cooperación entre las cuatro entidades? ¿Se vigilarán unas a otras para evitar que los grupos criminales estén infiltrados en sus cuerpos policíacos y de seguridad y estos estén al tanto de sus movimientos y acciones antes de poder ejecutarlas, como ha ocurrido en varios casos hasta ahora?

Insisto en decir que la reunión, su objetivo y el anuncio realizado es, en sí mismo, un avance si y solo si hay evidencia de que hay plazos y mecanismos para saber que todo esto que se ha prometido es algo más que conjunto de buena intenciones, una carta tardía a los Reyes Magos en espera de que el regalo de la seguridad pública, la tranquilizad y la paz lleguen a los habitantes de las cuatro entidades participantes.

Hay que darle el beneficio de la duda a la Mesa Interestatal de Paz y esperar que los resultados de estas acciones sean visibles y notorias en el corto plazo aunque no sepamos exactamente qué esperar. ¿Detenciones de líderes delincuenciales? ¿Desmembramiento de células criminales? ¿Qué es lo que garantiza que vuelve la tranquilidad? ¿Cómo medimos la paz? Preguntas que deben ser respondidas para saber que no se trata solo de un discurso más para tranquilizarnos mientras todo sigue igual.