A pesar de avances legales, comunidades afromexicanas enfrentan obstáculos reales para participar políticamente; falta información, representación efectiva y persisten prácticas que limitan su inclusión, el IEEM analiza estos retos
En un contexto donde la inclusión política sigue siendo una deuda pendiente para diversos sectores, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo la segunda sesión del ciclo de conferencias ¡Todas las personas, todos los derechos!, centrada en las acciones afirmativas y los derechos político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad.
En esta ocasión, la ponencia titulada Personas Afromexiquenses estuvo a cargo de Ana Belén Alaniz Reyes, directora del Colectivo Jamaica y Maíz, quien expuso, con un enfoque crítico pero pedagógico, los principales desafíos que enfrentan las comunidades afrodescendientes para ejercer plenamente sus derechos políticos.
La sesión se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de las consejeras electorales Paula Melgarejo Salgado y Flor Angeli Vieyra Vázquez, quienes, además de escuchar la exposición, intervinieron en el diálogo posterior con reflexiones sobre los mecanismos de representación y participación.
Durante su intervención, Alaniz Reyes planteó un punto de partida clave: la afrodescendencia en México está atravesada por procesos históricos complejos que, en muchos casos, no han sido suficientemente reconocidos ni comprendidos. Esta falta de claridad, explicó, impacta directamente en la construcción de identidad afromexicana y, por ende, en la manera en que estas comunidades se posicionan dentro del sistema político.
Y es que, aunque la Constitución reconoce derechos fundamentales como el voto, en la práctica las condiciones para ejercerlos de manera plena distan de ser equitativas. La especialista subrayó que persisten brechas importantes, particularmente entre las juventudes afromexicanas, quienes enfrentan barreras para acceder a espacios de representación tanto en partidos políticos como en gobiernos locales.
Uno de los factores más relevantes, señaló, es el desconocimiento del sistema político-electoral. La falta de información sobre las funciones de los cargos públicos, así como de los procesos institucionales, limita la participación efectiva y, en algunos casos, abre la puerta a prácticas de simulación. Es decir, candidaturas que no representan genuinamente a las comunidades, sino que responden a intereses ajenos.
En este sentido, Alaniz Reyes insistió en que el acceso a la información no es un elemento accesorio, sino una condición indispensable para el ejercicio de derechos. A ello se suma la necesidad de fortalecer la formación política y, de manera paralela, avanzar en el reconocimiento de la identidad afromexicana como un componente legítimo dentro de la diversidad social del país.
Tras la exposición, se abrió un espacio de preguntas y respuestas que permitió profundizar en algunos de los temas planteados. Ahí, la consejera Paula Melgarejo Salgado abordó el caso de las representaciones indígenas en los ayuntamientos, señalando que, si bien estas elecciones corresponden principalmente a las comunidades, enfrentan desafíos relevantes.
Entre ellos, mencionó la intervención de actores externos y la falta de lineamientos claros, situaciones que pueden distorsionar los procesos y afectar su legitimidad. Frente a ello, enfatizó la importancia de respetar las formas de organización comunitaria y de consolidar mecanismos que garanticen elecciones auténticas.
Por su parte, la consejera Flor Angeli Vieyra Vázquez destacó que la construcción de políticas públicas no puede desvincularse de la realidad de las comunidades. En su intervención, subrayó que la escucha activa es fundamental para diseñar acciones institucionales efectivas, ya que son las propias comunidades quienes mejor conocen sus necesidades y prioridades.
Además, consideró que espacios como esta conferencia permiten no solo intercambiar ideas, sino también generar redes de colaboración y avanzar hacia una representación sustantiva. Es decir, una participación que no se limite a lo formal, sino que tenga un impacto real en la toma de decisiones.
Ambas consejeras coincidieron en un punto central: garantizar los derechos de las personas afromexicanas, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad, requiere de un trabajo articulado. Instituciones, sociedad civil y comunidades deben colaborar para fortalecer los espacios de participación, así como los mecanismos de información y consulta.
El ejercicio organizado por el IEEM se inscribe en una estrategia más amplia orientada a visibilizar problemáticas históricas y promover soluciones desde un enfoque incluyente. Aunque los avances son innegables en el plano normativo, los testimonios y análisis expuestos durante la sesión evidencian que aún queda un camino considerable por recorrer.
En la práctica, la participación política de las comunidades afromexicanas continúa enfrentando obstáculos estructurales. Sin embargo, también se percibe una creciente apertura institucional para atender estas demandas, lo que podría marcar una diferencia en los próximos años si se traduce en acciones concretas.
Así, el diálogo abierto en este tipo de espacios no solo contribuye a informar, sino que también abre la puerta a replantear estrategias. Porque, al final, la inclusión política no se decreta: se construye, paso a paso, con información, reconocimiento y voluntad.






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