La elección de jueces en las urnas suena democrático, pero ¿y si es solo el primer paso para el control total del Poder Judicial?

Cada día se acerca más la fecha en que la ciudadanía mexicana participará en un ejercicio inédito a nivel mundial: la elección de juzgadores de distintas instancias. Como bien se sabe, la implementación de este método, nunca antes aplicado en ninguna otra parte del mundo, es resultado de una profunda reforma del Poder Judicial impulsada por la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, con el beneplácito del Poder Ejecutivo.

Entre los cargos que serán electos en esta histórica jornada electoral se encuentran:

• 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• 15 magistraturas regionales del TEPJF.
• 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 magistraturas de circuito.
• 386 personas juzgadoras de distrito.

El 1 de junio de 2025, México dará paso a un procedimiento sin precedentes, cuya justificación oficial es doble: primero, erradicar el dispendio y el nepotismo que, según el oficialismo, obstaculizan el movimiento de transformación; y segundo, fomentar un acercamiento directo entre los jueces y las demandas del pueblo, democratizando la impartición de justicia en beneficio de las personas con menos recursos.

Por su parte, la oposición y ciertos sectores especializados en justicia han señalado diversas críticas a la reforma:

• Viabilidad logística y financiera: Se cuestiona la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar un proceso de tal magnitud, especialmente tras los recortes presupuestales que podrían comprometer la legitimidad de la elección.
• Riesgo de captura del Poder Judicial: La movilización electoral de Morena y la posible injerencia de grupos de interés, como el crimen organizado o sectores empresariales, podrían influir en los resultados.

• Preocupación internacional: Diversas instancias han advertido sobre la posible pérdida de independencia judicial, lo que generaría incertidumbre en inversiones y respeto a los derechos humanos.

La moneda está en el aire y el proceso electoral avanza con múltiples dificultades. Todo apunta a que en los próximos meses veremos un proceso de “democratización del Poder Judicial” lleno de desafíos y controversias.