“No hay peor ciego que el que no quiere ver”

La llamada telefónica entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump ha sido vista por muchos como un éxito: logró que el gobierno estadounidense pospusiera, aunque solo por un mes, la aplicación de aranceles que, si bien también afectarán gravemente a los consumidores norteamericanos, serán catastróficos para México.

Para la administración trumpista, el resultado fue doblemente satisfactorio. Sin necesidad de envainar la espada, Trump volvió a doblar a sus vecinos, como en el pasado lo alardeaba, logrando que hicieran exactamente lo que él quiere: someterse a sus órdenes y, bajo el disfraz de “mesas de diálogo”, acordar medidas para frenar el flujo migratorio y el tráfico de enervantes, principalmente fentanilo, hacia Estados Unidos.

A esto se suman las acusaciones de que el gobierno mexicano colabora estrechamente con el crimen organizado, señalamiento sostenido por funcionarios estadounidenses de primer nivel, aunque sin pruebas contundentes. En el imaginario popular ya se especula que “El Mayo” Zambada ha comenzado a hablar para evitar la pena de muerte.

Esto, al igual que en el caso de Maduro, solo le permite al gobierno de la 4T hacer proselitismo a su favor y ganar la opinión pública local, escabulléndose de las acusaciones sin desmentirlas realmente. Arturo Sarukhán lo describe magistralmente: ambos mandatarios, mexicano y estadounidense, “solo están” actuando para sus audiencias domésticas”.

En los hechos, Sheinbaum tiene poco margen de negociación y deberá seguir pagando las facturas de AMLO. Trump, por su parte, aprovechará la crisis de opioides para obtener rédito político sin comprometerse a nada, como frenar el tráfico de armas o tomar medidas contra la distribución de drogas en su territorio. México, en cambio, tendrá que ir reaccionando conforme se presenten las “peticiones” de su vecino, si quiere mantener su economía a flote.

Por ahora, este diálogo le da un respiro a Sheinbaum, quien, confiada, mantiene inalterable su distancia con quienes no pertenecen a su círculo. Así lo demostró al excluir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida su presidenta, Norma Piña, de la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución de 1917, bajo el argumento de que “piensan y actúan diferente”. Hace apenas unos días, sus allegados clamaban por la unidad nacional, algo difícil de lograr cuando ellos mismos fomentan la división.

Resta por ver qué acuerdos adicionales surgieron tras la llamada, pues la convocatoria a la unidad perdió su utilidad política. Trump, en cambio, sigue marcando la pauta con hechos: ha dejado claro que contempla un ataque sorpresa contra los cárteles mexicanos. Prueba de ello es el reciente despliegue de un avión militar estadounidense que recopila datos y comunicaciones en territorio mexicano, así como la presencia de un portaaviones y dos buques de guerra en el mar de Cortés, todo sin el menor intento de ocultarlo.

Mientras tanto, la administración estadounidense sigue construyendo la justificación para una intervención. El primer paso es encuadrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que les permitiría actuar conforme a su legislación. Canadá ya los ha catalogado de esta manera y se espera que la Unión Europea haga lo mismo próximamente. La gran incógnita es cómo responderá México ante esta coyuntura.