Eliminar el CONEVAL es quitar a México una herramienta de evaluación clave para mejorar la vida de sus ciudadanos más vulnerables

La semana pasada expuse en este espacio de opinión los alcances del proyecto de reformas constitucionales que se avecinan en nuestro país, en especial en el ámbito del Poder Judicial Federal. Sin embargo, la trascendencia del paquete de cambios a la Constitución no se centra exclusivamente en el proceso de elección de jueces y magistrados, también es importante señalar la desaparición de algunos órganos autónomos.

Si bien es cierto que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha acaparado el análisis y las opiniones de expertos y gran parte de la población, otro órgano que cumple una función relevante es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

El CONEVAL es un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión que cumple el objetivo de medir los niveles de pobreza en nuestro país, pero, además, evalúa los resultados de la política social a nivel federal y asesora y capacita a los gobiernos estatales en el monitoreo de sus programas sociales.

Debido a la naturaleza de sus funciones, se optó por dotarle de autonomía técnica para que los gobiernos no incidieran en la metodología de la medición de la pobreza y no condicionaran los resultados de la misma. De igual manera, se ha caracterizado por la calidad de sus investigadores e investigadoras que, desde el ámbito académico, establecen el diseño metodológico que se aplica para el diagnóstico de la política social a través de distintos indicadores, en especial el Método Integrado de Medición de la Pobreza.

Sin duda alguna, el CONEVAL se ha convertido en una institución útil para la sociedad mexicana porque permite vislumbrar positivamente los aciertos de la política social, pero al mismo tiempo brinda insumos para las áreas de oportunidad y eventuales correcciones en la labor gubernamental de combate a la pobreza y acceso a mejores oportunidades de vida de las personas a lo largo y ancho de todo el país.

A pesar de estos antecedentes, en días pasados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de simplificación orgánica que transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lo cual implica la desaparición inminente del CONEVAL.

En respuesta a esta determinación en proceso, las autoridades del Consejo emitieron un comunicado en el que ponen énfasis en el riesgo de eliminar la continuidad de sus funciones especializadas, que se diferencian de las que cumple el INEGI, el cual, por ejemplo, no realiza monitoreos de la política social.

En consecuencia, el argumento del CONEVAL es que la búsqueda de ahorros presupuestales, que tendría sentido a través de la eliminación de la duplicidad de funciones con las actividades del INEGI, no se justifica, por lo que el comunicado solicita un espacio de diálogo y comunicación con el Congreso de la Unión.

El escenario es difícil para la supervivencia de esta institución, cuyo lema sintetiza el objetivo general de la evaluación en las políticas públicas: «Lo que se mide se puede mejorar». En caso de que se consolide su desaparición, se perderá un instrumento valioso para promover el bienestar de las familias más pobres del país.