“Se tarda menos en hacer una cosa bien que en explicar por qué se hizo mal.”

Nada extraña resulta la posición asumida por el gobierno mexicano, en voz de su presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a mantener distancia con el gobierno de Ecuador, luego de que Daniel Noboa, en segunda vuelta, asumiera por segunda vez consecutiva la presidencia de aquella nación, otrora hermana, pese a que observadores extranjeros, la OEA e incluso el gobierno estadounidense avalaron el resultado.

Era lógico que el gobierno mexicano no aceptara a Noboa como presidente, cuando este —y así lo recordó Sheinbaum— fue el principal promotor de la invasión a nuestra embajada en Quito por elementos del ejército ecuatoriano (policía nacional), para sacar por la fuerza al expresidente Jorge Glas, violando así un principio elemental del derecho internacional sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Mención aparte merece el debate surgido en aquel abril de 2024 respecto a si México estaba protegiendo a un criminal; el hecho no justifica el actuar de un gobierno en funciones que violó flagrantemente lo suscrito en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

No obstante, lo que lleva a una reflexión es lo declarado por la presidenta mexicana, quien etiquetó el resultado electoral como una “trampa” y una “farsa”, calificándolo como una elección de Estado, cuando ella misma proviene de algo similar.

Otro claroscuro de esta postura es que, mientras aquí se cuestionan actas de escrutinio, no ocurre lo mismo con Venezuela, donde a todas luces hubo un robo electoral comprobado por la oposición y otros organismos; ahí, sin embargo, nuestros gobernantes nunca hablaron de fraude y sí se volcaron a celebrar el triunfo de Maduro sin cortapisa alguna.

No aceptar el nuevo mandato de Noboa es aceptable; hacerlo bajo el argumento de un fraude es lo cuestionable. México siempre se había caracterizado por mantener una política internacional intachable, hasta antes de que la llamada 4T entrara en funciones. Ahora damos bandazos, respondiendo más con la víscera que con la razón.

Por ello no resulta extraño que México haya perdido el sitial de honor que ocupaba en este terreno y que ahora su voz carezca de respeto, al volverse un apéndice más de otros gobiernos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, por citar solo algunos regímenes dictatoriales del continente.

La política exterior de México siempre fue un ejemplo de congruencia y solidaridad con los pueblos del mundo. Ahora, tras un sexenio de pleitos gratuitos e irrelevantes de López Obrador —en el que hemos tenido conflictos con Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Ecuador, por mencionar algunos—, el nombre de nuestro país solo suena en el terreno internacional cuando se habla de narcotráfico o de desaparecidos.

Así lo confirma un reciente informe de la ONU, en el que se anuncia que ese organismo internacional decidió activar para México, por primera vez en la historia, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Es difícil aceptar esta realidad, y más aún después de escuchar cómo estas administraciones intentan autojustificarse manipulando las cifras de desaparecidos, o ignorando y despreciando a los familiares de las víctimas y a las instituciones que les exigen actuar para revertir estas desgracias, que se han vuelto tan comunes en todo el país.

Lamentablemente, a eso se ha reducido la participación azteca en el ámbito internacional: a ser ejemplo de lo que no debería presentarse en ninguna parte del mundo. Caímos del cielo al infierno. Haber perdido el rumbo en la búsqueda de mejores niveles de bienestar y desarrollo es algo que la “transformación” siempre nos quedará a deber.