Con pretexto de la seguridad, Edomex revisará mochilas en escuelas. Padres y madres participarán, pero el debate sobre derechos sigue abierto

En un intento por fortalecer la seguridad y el bienestar dentro de los planteles educativos del Estado de México, el gobierno estatal presentó el Protocolo Mochila de Paz y Prevención, un instrumento técnico y jurídico que busca prevenir situaciones de riesgo en escuelas de nivel básico y medio superior sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este protocolo, elaborado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), establece lineamientos claros para revisar mochilas escolares de forma no intrusiva, consensuada y con participación de madres, padres o tutores, con el fin de detectar oportunamente objetos o sustancias que puedan poner en peligro a la comunidad estudiantil.

A diferencia de operativos autoritarios del pasado, esta estrategia evita la revisión sorpresiva o unilateral de pertenencias estudiantiles, y coloca en el centro el respeto a la privacidad y la dignidad del alumnado. La intención es lograr un equilibrio entre la necesidad legítima de garantizar entornos escolares seguros y la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, en particular de los menores de edad.

“Con la adopción del Protocolo Mochila de Paz, que atiende al sentido humanista de la Nueva Escuela Mexicana, se prevé que niñas, niños, adolescentes y jóvenes logren su desarrollo integral tanto en su entorno escolar como social”, expresó Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, al presentar el documento.

Educación y prevención, no castigo

El protocolo no se limita a revisar mochilas. Es parte de una estrategia más amplia que prioriza el acompañamiento pedagógico y la formación en cultura de paz. Entre sus componentes se incluye la capacitación y sensibilización de docentes, personal administrativo y padres de familia sobre cómo identificar riesgos, cómo abordarlos sin criminalizar y cómo fortalecer la comunicación entre los distintos actores escolares.

Además, será el Consejo Escolar para el Bienestar (Conebi) el encargado de la implementación, en conjunto con las coordinaciones regionales de Educación Básica y Media Superior, que deberán garantizar la difusión del protocolo en cada plantel, sin importar si es público o privado, dentro del sistema estatal.

Las capacitaciones buscarán que las comunidades escolares no actúen desde el miedo o la sospecha, sino desde la empatía y el trabajo colaborativo, generando condiciones para prevenir actos de violencia o portación de armas sin generar estigmas ni violaciones a los derechos fundamentales de los estudiantes.

¿Por qué ahora?

El contexto nacional ha estado marcado en los últimos años por incidentes de violencia escolar, algunos incluso trágicos, donde menores han ingresado a escuelas con armas blancas o de fuego. Si bien el Estado de México no concentra los casos más graves, la preocupación social sobre la seguridad escolar ha ido en aumento, particularmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

A ello se suma una demanda creciente de madres y padres que buscan mayor certidumbre sobre lo que ocurre dentro de las escuelas, pero también de colectivos que alertan sobre el riesgo de caer en medidas punitivas o discriminatorias bajo el pretexto de “prevenir”.

En ese sentido, el gobierno mexiquense busca con este protocolo una vía intermedia que evite extremos. Ni omisión institucional ni autoritarismo escolar, sino un mecanismo claro, legal y con enfoque de derechos.

Derechos humanos al centro

El respaldo de la CODHEM es clave para la legitimidad del protocolo. La Comisión participó desde el diseño del documento, revisando que su contenido y aplicación respeten los principios del interés superior de la niñez, la no discriminación, el derecho a la intimidad y la participación activa de los propios estudiantes.

Además, se incluyen mecanismos de denuncia y supervisión para prevenir abusos o desviaciones en la implementación. Por ejemplo, las revisiones deberán realizarse con base en criterios consensuados por el Conebi, en espacios adecuados, sin uso de la fuerza, y siempre con la presencia de madres, padres o tutores.

Construir paz desde las aulas

Más allá del acto administrativo, el Protocolo Mochila de Paz es también una apuesta simbólica por el tipo de sociedad que se quiere formar desde las escuelas: una donde el control no reemplace a la confianza, y donde la seguridad no sea sinónimo de represión.

La medida se inscribe en la visión de la Nueva Escuela Mexicana, que promueve una educación centrada en el bienestar integral, el respeto a la diversidad y la formación de ciudadanía crítica. Si logra implementarse de forma coherente, el protocolo podría convertirse en una herramienta útil para prevenir riesgos reales sin criminalizar a los estudiantes.

Por ahora, el reto será su ejecución. Más allá del anuncio, lo importante será que cada plantel, cada docente y cada madre o padre involucrado comprenda los alcances, límites y objetivos reales del protocolo. De lo contrario, podría convertirse en una carga burocrática o en una medida mal entendida.

El Gobierno del Estado de México, por su parte, ha insistido en que la educación es el eje central de su política social y que esta estrategia es una muestra de su compromiso con escuelas seguras, libres de violencia y respetuosas de la niñez y juventud mexiquense.