El Poder Judicial mexiquense concluyó la etapa final de certificación de 70 servidores judiciales, quienes completaron 130 horas de capacitación en mediación y conciliación
El Poder Judicial del Estado de México avanzó en la etapa final de certificación de 70 servidoras y servidores judiciales como personas facilitadoras públicas, mediante un ejercicio práctico dirigido a evaluar sus capacidades para conducir procesos de mediación y conciliación. Los participantes laboran en juzgados familiares y en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), áreas donde la atención de conflictos requiere preparación especializada y un manejo cuidadoso del diálogo.
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El proceso estuvo a cargo del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Antes de llegar a esta evaluación, las y los aspirantes cumplieron una formación teórica y práctica de 130 horas, diseñada para fortalecer sus conocimientos sobre herramientas de resolución pacífica de diferencias.
Como parte de la última etapa, las personas participantes realizaron una simulación de mediación con actores. La actividad permitió poner a prueba los conocimientos adquiridos y evaluar habilidades para orientar una conversación, facilitar la comunicación entre las partes y conducir el procedimiento con responsabilidad, preparación técnica y principios éticos.
La certificación busca fortalecer la capacidad institucional para ofrecer mecanismos alternativos de solución de controversias, una vía que permite atender determinados conflictos mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, sin que necesariamente se llegue a una resolución dictada por un tribunal. Su aplicación depende de la naturaleza del asunto y de la voluntad de quienes participan.
La capacitación teórica se desarrolló mediante la plataforma autogestiva del Centro Público de MASC e incluyó 10 módulos. Los contenidos abarcaron los mecanismos alternativos de solución de controversias y la cultura de paz en el sistema jurídico mexicano, además de derechos humanos, perspectiva de género, infancia y grupos en situación de vulnerabilidad.
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El programa también incorporó temas relacionados con la teoría del conflicto, teoría y práctica de la comunicación, neurociencia, así como técnicas y herramientas aplicadas a los mecanismos alternativos. La combinación de estas materias busca proporcionar a las personas facilitadoras elementos para comprender las diferencias, reconocer las necesidades de quienes intervienen y acompañar la búsqueda de acuerdos.
En la etapa práctica participaron Ivonne María Paniagua Bueno, persona facilitadora del Centro Público MASC, y Rodolfo Víctor Jiménez Rodríguez, titular de la Unidad de Seguimiento a Centros Públicos y Privados de Mediación. Ambos impartieron el ejercicio en el que las y los servidores judiciales demostraron sus habilidades ante una situación simulada.
La preparación tiene particular importancia en juzgados familiares y centros de convivencia, espacios donde los asuntos pueden involucrar relaciones personales, niñas, niños y adolescentes, así como personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En estos contextos, escuchar con atención, evitar una comunicación que agrave las diferencias y facilitar el intercambio respetuoso son capacidades relevantes para la intervención.
El trabajo de las personas facilitadoras consiste en apoyar el diálogo entre quienes mantienen una controversia y favorecer que exploren opciones para alcanzar acuerdos. Su función no implica sustituir a las partes en la decisión ni imponer una solución. Por ello, la formación contempla tanto conocimientos jurídicos y metodológicos como herramientas de comunicación y criterios de actuación ética.
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Los mecanismos alternativos de solución de controversias comprenden procedimientos como la mediación y la conciliación. En términos generales, la mediación se centra en facilitar el diálogo entre las partes, mientras que en la conciliación la persona facilitadora puede plantear opciones de solución. La modalidad aplicable y sus alcances deben atender las disposiciones correspondientes y las características de cada asunto.
La incorporación de contenidos sobre derechos humanos, género, infancia y grupos en situación de vulnerabilidad busca que la intervención considere las condiciones de las personas involucradas. En materia familiar, estas perspectivas son importantes para identificar necesidades específicas y procurar que el diálogo se desarrolle en condiciones adecuadas, sin perder de vista los límites y responsabilidades del procedimiento.
El ejercicio de simulación representó una oportunidad para valorar la aplicación práctica de los conocimientos, más allá de la revisión teórica de los módulos. La evaluación de habilidades de conducción, comunicación y actuación ética forma parte del proceso descrito por el Poder Judicial para la certificación de las y los aspirantes.
La institución señaló que estas acciones forman parte de su compromiso con la formación continua del personal y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos. El objetivo planteado es que más personas encuentren en el diálogo una vía para atender sus conflictos y construir acuerdos.
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La culminación de esta etapa no debe confundirse con información sobre el número de certificaciones ya emitidas. El comunicado refiere que 70 servidoras y servidores judiciales participaron en la última fase del proceso, pero no especifica cuántas personas aprobaron la evaluación ni cuándo recibirán formalmente la certificación.
Tampoco se detalló si los nuevos facilitadores serán asignados a sedes determinadas, qué carga de asuntos atenderán o cuándo comenzarán a desempeñar esa función certificada. Esos datos permitirían conocer el alcance operativo de la preparación y la forma en que se incorporará a los servicios de justicia.
Con la evaluación final, el Centro Público de MASC concluyó la fase práctica prevista para este grupo de personal judicial. La capacitación reunió contenidos de formación jurídica, comunicación y atención a personas en contextos sensibles, con el propósito institucional de reforzar las herramientas disponibles para resolver controversias mediante procesos de mediación y conciliación.
El Poder Judicial mexiquense mantiene así una línea de formación especializada para servidores que trabajan en ámbitos familiares y de convivencia. La certificación de personas facilitadoras constituye un componente de ese esfuerzo, orientado a promover procedimientos en los que el diálogo, la escucha y la elaboración de acuerdos formen parte de las alternativas disponibles para la ciudadanía.
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