El convenio entre Poder Judicial mexiquense e INACIPE busca elevar la preparación penal; pero aún no hay fechas ni detalles de los primeros cursos conjuntos
El Poder Judicial del Estado de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) firmaron un convenio para impulsar capacitación especializada, investigación científica e intercambio académico en materia penal y administración de justicia. El acuerdo busca fortalecer la preparación de las personas servidoras públicas de ambas instituciones.
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Durante la firma, el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sostuvo que la actualización profesional debe formar parte de las responsabilidades institucionales y no considerarse un beneficio reservado para algunos integrantes del sistema judicial.
“La capacitación no puede verse como un privilegio, es un derecho y una responsabilidad institucional; una persona impartidora de justicia que se actualiza, que abre su entorno de pensamiento, va a resolver, escuchar y explicar mejor sus resoluciones”, afirmó.
El convenio fue suscrito por Macedo García; Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y Jorge Nader Kuri, rector del INACIPE, institución académica de la Fiscalía General de la República. Su propósito es coordinar esfuerzos, promover el desarrollo académico, impulsar estudios científicos y ampliar la formación de quienes desempeñan funciones en las dos instituciones.
Macedo García señaló que las transformaciones del sistema judicial, las nuevas responsabilidades de sus órganos y el escrutinio público hacen indispensable mantener actualizados los conocimientos de quienes imparten justicia. La preparación continua, expuso, permite fortalecer las capacidades profesionales ante asuntos que requieren análisis jurídico y decisiones debidamente fundamentadas.
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El titular del Tribunal Superior de Justicia también planteó la necesidad de impulsar una formación interdisciplinaria. Explicó que las personas juzgadoras requieren conocer principios fundamentales de distintas materias y contar con espacios de diálogo con especialistas, académicos y operadores jurídicos. Ese intercambio, indicó, puede ampliar las herramientas para analizar los asuntos que llegan a los tribunales.
El magistrado reconoció a Italy Dessire Ciani Sotomayor, directora Jurídica y Consultiva del Poder Judicial mexiquense, por impulsar la formalización del acuerdo. Añadió que la colaboración abre posibilidades para diseñar cursos, talleres y diplomados, además de facilitar el intercambio de conocimientos entre los ámbitos de justicia local y federal.
Por su parte, Jorge Nader Kuri destacó el interés de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, por establecer vínculos de colaboración con distintas instituciones, entre ellas el Poder Judicial del Estado de México. El rector expresó la disposición del INACIPE para desarrollar proyectos conjuntos con el tribunal y su Escuela Judicial.
Nader Kuri señaló que la calidad de las resoluciones judiciales comienza a construirse desde la formación académica y que el aprendizaje debe mantenerse durante toda la trayectoria profesional. En ese sentido, planteó que la cooperación puede concretarse mediante programas especializados, actividades de investigación y el intercambio de recursos académicos.
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Al dar la bienvenida, Fernando Díaz Juárez explicó que el Plan de Desarrollo del Poder Judicial 2025-2027 contempla la formación y profesionalización del personal como prioridad. La meta, señaló, es desarrollar capacidades para responder a las exigencias de la función jurisdiccional.
El presidente del OAJ agregó que los asuntos judiciales, particularmente en materia penal, exigen conocimientos especializados, rigor técnico y una actuación sensible. Por ello, consideró que la colaboración académica fortalecerá las capacidades institucionales y la preparación del personal.
El acuerdo también contempla impulsar la investigación científica. Este componente puede favorecer el estudio de problemas relacionados con el sistema penal y generar espacios para compartir resultados y experiencias entre personal académico y operadores jurídicos. Sin embargo, las instituciones no dieron a conocer líneas de investigación específicas ni proyectos que ya tengan calendarizados.
La colaboración reúne tres líneas de trabajo: formación, investigación y circulación de materiales académicos. En la práctica, estos componentes pueden traducirse en actividades de actualización y espacios de intercambio entre especialistas. Las instituciones deberán definir contenidos, modalidades de participación y mecanismos para dar seguimiento a cada proyecto institucional previsto formalmente.
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En la reunión participaron Maricruz Santa Ana Solano, vicerrectora de Extensión y Vinculación del INACIPE, e Irving Pedro Chegüe Luna, director Jurídico del instituto. También asistieron representantes de los órganos que integran el Poder Judicial mexiquense.
Por parte del Órgano de Administración Judicial acudieron las magistradas Elizabeth Rodríguez Colín y María Alejandra Almazán Barrera, así como los magistrados Edgar Hernán Mejía López y Pablo Espinosa Márquez. Del Tribunal de Disciplina Judicial estuvieron la magistrada Karla Ivonne Díaz Iniesta y los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
A la firma asistieron además directoras y directores de ambas instituciones. Su participación acompañó la formalización de un acuerdo que busca establecer canales de cooperación académica y técnica entre instancias del ámbito federal y estatal.
Por ahora, el acuerdo establece bases de colaboración en capacitación, investigación e intercambio académico. Las instituciones no informaron presupuesto, metas cuantificables ni mecanismos de evaluación. Esos elementos permitirán conocer el alcance de los proyectos y su incidencia en la preparación del personal. La intención es aplicar los conocimientos adquiridos en sus funciones.
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