El Poder Judicial mexiquense aprobó 12 acuerdos en Tlalnepantla, incluidos cambios a salas, nuevos tribunales penales, plazas laborales y medidas anticorrupción para fortalecer la justicia
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial del Estado de México aprobó 12 asuntos sustantivos durante su Segunda Sesión Ordinaria Pública Itinerante, realizada en Tlalnepantla, con decisiones sobre órganos jurisdiccionales, justicia penal, materia laboral, carrera judicial y combate a la corrupción.
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La sesión fue encabezada por el Magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del OAJ, y contó como invitado permanente con Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. También participaron el secretario de Finanzas estatal, Óscar Flores Jiménez, representante de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y el alcalde Raciel Pérez Cruz.
Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal. La sesión buscó acercar las decisiones administrativas a las regiones donde funcionan los órganos jurisdiccionales y se atienden las necesidades de la población.
Macedo García sostuvo que las determinaciones del OAJ deben fortalecer la función jurisdiccional y responder a las cargas de trabajo. También destacó la coordinación entre las áreas del Poder Judicial.
Díaz Juárez explicó que la nueva conformación del Poder Judicial distingue las funciones jurisdiccional, disciplinaria y administrativa. Esta última debe planear y organizar recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para dirigirlos prioritariamente a la impartición de justicia.
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La Región Judicial de Tlalnepantla concentra una parte relevante de esa operación. De acuerdo con lo informado durante la sesión, ahí laboran mil 346 personas servidoras judiciales en 44 órganos jurisdiccionales, que atienden a una población cercana a cinco millones de habitantes de 16 municipios. La región concentra alrededor de 26 por ciento de los asuntos iniciados y durante 2026 ha emitido más de 61 mil resoluciones.
Uno de los acuerdos con mayor impacto en la organización regional fue la extinción de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla. La magistrada María Alejandra Almazán Barrera explicó que durante 2025 esa sala recibió 917 asuntos, mientras que las dos salas colegiadas civiles registraron 561 y 550, respectivamente.
El OAJ determinó distribuir sus asuntos entre las dos salas colegiadas, integradas por seis magistraturas. La implementación está prevista a partir de octubre para equilibrar cargas de trabajo. Los cambios comenzarán en octubre próximo.
También se aprobó transformar la Sala Unitaria Familiar de Tlalnepantla en la Segunda Sala Colegiada Familiar de la región. La modificación permitirá distribuir equitativamente apelaciones contra sentencias definitivas, resoluciones interlocutorias y otras determinaciones. El cambio utilizará los recursos humanos existentes y evitará enviar asuntos de Tlalnepantla a las salas familiares de la Región Judicial de Toluca.
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En materia penal, la magistrada Elizabeth Rodríguez Colín presentó nuevos lineamientos derivados de las reformas de 2026 a la Ley de Amnistía. Las disposiciones precisan competencias según la etapa procesal y establecen reglas para notificaciones, expedientes, manejo de información y coordinación institucional.
El OAJ también aprobó la creación de seis nuevos Tribunales de Alzada en Materia Penal de conformación unipersonal: dos en Toluca, dos en Tlalnepantla, uno en Texcoco y uno en Ecatepec. La medida busca disminuir la concentración de asuntos. Asimismo, se amplió la competencia del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en línea para atender solicitudes relacionadas con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
En materia laboral, se aprobaron 23 plazas para fortalecer los recursos humanos de los tribunales especializados. Rodríguez Colín señaló que la justicia laboral comenzó operaciones en el Poder Judicial mexiquense en 2020 y que, aunque han aumentado los órganos y asuntos recibidos, las plantillas no han crecido en la misma proporción.
Además, se modificará el domicilio de tres órganos, que serán trasladados a instalaciones ubicadas sobre la carretera Toluca-Almoloya de Juárez.
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El magistrado Edgar Hernán Mejía López presentó acciones institucionales para prevenir y combatir la corrupción, con medidas relacionadas con responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. También abordó la continuidad en el ejercicio de los cargos de diversas juezas y jueces, conforme al régimen transitorio de la reforma constitucional en materia judicial.
Por su parte, el magistrado Pablo Espinosa Márquez presentó la convocatoria para integrar la Lista Oficial de Peritos Externos del Poder Judicial. El procedimiento contempla registro, documentación, análisis, cotejo, verificación de capacidades, lista preliminar y periodo de aclaraciones, para contar con una relación definitiva antes de concluir 2026.
Finalmente, se acordó conminar a 210 personas servidoras públicas de la Carrera Judicial, ubicadas en distintos supuestos de formación y oposición, a participar en el próximo concurso. El grupo incluye 97 personas con curso de formación sin concurso, 31 cuyo curso perdió vigencia y 82 que no cuentan con curso ni concurso.
La sesión reunió a representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridades municipales, personal judicial, cámaras empresariales, organizaciones civiles y colegios de abogados. Los acuerdos adoptados abarcan distintas áreas de la estructura judicial y buscan ajustar su operación a las cargas de trabajo, requerimientos institucionales y necesidades de las regiones.
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