Recursos por 881 millones de pesos serán administrados directamente por comunidades indígenas mexiquenses, sin intermediarios y con decisiones tomadas desde las propias asambleas
Las comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de México dispondrán este año de 881 millones de pesos para realizar obras y acciones prioritarias de infraestructura social, recursos que serán administrados directamente por los propios beneficiarios mediante procesos de decisión comunitaria.
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El anuncio se realizó durante la Asamblea Comunitaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el municipio de Almoloya de Juárez.
La jornada reunió a representantes de comunidades originarias, autoridades federales, estatales y municipales, quienes conocieron los alcances de este esquema que busca reducir rezagos históricos mediante la asignación directa de recursos para obras de impacto social.
Durante su intervención, la gobernadora Delfina Gómez destacó que el programa representa una acción orientada a fortalecer la justicia social para los pueblos originarios de la entidad.
“Este día nos reúne una profunda causa de justicia social. Por segunda ocasión, nuestros pueblos indígenas recibirán, sin intermediarios, los recursos del FAISPIAM, un recurso económico que las comunidades podrán administrar de manera directa e invertirlo en obras de agua, alcantarillado, drenaje, electrificación, así como infraestructura educativa, de salud o de vivienda”, señaló.
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La mandataria estatal subrayó que uno de los principales elementos del programa es que las propias comunidades determinarán las prioridades de inversión mediante asambleas comunitarias, mecanismo que busca garantizar que los recursos se destinen a las necesidades identificadas directamente por la población.
El FAISPIAM forma parte de una estrategia nacional enfocada en fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, permitiéndoles participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de sus localidades.
En el Estado de México, el programa beneficiará a 601 comunidades pertenecientes a los cinco pueblos originarios reconocidos en la entidad: nahuas, matlatzincas, mazahuas, tlahuicas y otomíes.
La magnitud de esta cobertura coloca a la entidad mexiquense entre las regiones con una de las mayores poblaciones indígenas del país y con importantes necesidades de infraestructura básica en diversas localidades.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este modelo de apoyo es resultado de las reformas impulsadas durante la Cuarta Transformación para reconocer plenamente los derechos de los pueblos originarios.
La titular del Ejecutivo federal destacó que estos mecanismos tienen sustento en la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, una figura que fortalece su capacidad de participación en las decisiones relacionadas con su desarrollo y bienestar.
El acceso directo a los recursos representa un cambio en la forma tradicional de ejecutar programas públicos destinados a comunidades indígenas. En lugar de que las obras sean definidas exclusivamente por instancias gubernamentales, serán las propias comunidades las que establezcan prioridades y supervisen el destino de los recursos.
Uno de los aspectos que distingue al programa es la participación activa de las mujeres en los procesos de administración. De acuerdo con las reglas establecidas, las tesoreras encargadas del manejo de los recursos son mujeres elegidas por las propias asambleas comunitarias.
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Esta disposición busca fortalecer la participación femenina dentro de los mecanismos de organización local y promover una gestión transparente de los fondos asignados.
Las obras susceptibles de financiamiento abarcan necesidades esenciales para el desarrollo comunitario. Entre ellas destacan proyectos de agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación, infraestructura educativa, mejoramiento de servicios de salud y acciones relacionadas con vivienda.
En numerosas comunidades rurales, este tipo de infraestructura representa un factor determinante para mejorar la calidad de vida de las familias, reducir condiciones de marginación y ampliar las oportunidades de desarrollo social.
Durante el encuentro, Delfina Gómez agradeció el respaldo del Gobierno de México hacia los pueblos originarios del Estado de México y reconoció la coordinación institucional que ha permitido ampliar la cobertura de programas sociales en distintas regiones de la entidad.
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“A nombre del pueblo mexiquense, permítame agradecerle todo el trabajo, el humanismo y cariño que tiene por el Estado de México, lo cual se transforma en acciones, en programas y en obras que traen bienestar y una mejor calidad de vida para las familias de la entidad”, expresó la gobernadora.
El FAISPIAM busca convertirse en una herramienta para disminuir brechas históricas de desigualdad en comunidades que durante décadas enfrentaron limitaciones en el acceso a infraestructura básica y servicios públicos.
La realización de asambleas comunitarias para definir prioridades también representa un mecanismo de participación colectiva que permite que las decisiones sean tomadas por los propios habitantes, quienes conocen de primera mano las necesidades de sus localidades.
Con la asignación de 881 millones de pesos para este año, el Estado de México contará con una de las bolsas de recursos más importantes destinadas a infraestructura social para pueblos indígenas y afromexicanos, en un contexto donde la participación comunitaria será clave para determinar el impacto de las obras y proyectos que se desarrollarán en los próximos meses.
La estrategia apuesta por combinar inversión pública, organización comunitaria y toma de decisiones local para atender rezagos y fortalecer el desarrollo de cientos de comunidades distribuidas en distintas regiones del territorio mexiquense.
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