La «Operación Atarraya», respaldada por la Mesa de Seguridad, ha intervenido inmuebles ligados a delitos graves en 20 municipios del Estado de México
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz expresó su respaldo a la «Operación Atarraya», una estrategia implementada para combatir delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y narcomenudeo en el Estado de México. Los operativos han permitido la intervención de inmuebles en 20 municipios que previamente contaban con expedientes de investigación.
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Este esfuerzo coordinado involucra a autoridades estatales y federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía de Justicia mexiquense.
Resultados y cifras del operativo
Desde su inicio, el 13 de diciembre de 2024, la «Operación Atarraya» ha focalizado sus acciones en inmuebles que, según investigaciones previas, han sido utilizados para actividades ilícitas como extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.
El cruce de información realizado por la Mesa de Seguridad, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, señala que estos establecimientos ya contaban con expedientes abiertos antes de su intervención.
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Entre el 1 de enero de 2022 y el 6 de febrero de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y otras instituciones registraron 1,337 delitos en establecimientos tipo «barberías», relacionados con:
- Delitos de alto impacto: homicidio, feminicidio, secuestro, desaparición forzada y trata de personas.
- Delitos sexuales: violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento.
- Violencia armada: lesiones por arma de fuego o punzocortantes.
- Delitos contra la salud: consumo y distribución de drogas.
Investigación sobre presuntos abusos en los operativos
Sin embargo, la operación no ha estado exenta de polémica. En redes sociales, se han difundido denuncias sobre la presunta «siembra de drogas» durante un operativo realizado el viernes 7 de febrero en Santiago Miltepec, Toluca.
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Ante estas acusaciones, la Fiscalía mexiquense inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Como medida cautelar, se ordenó la separación del cargo del Agente del Ministerio Público y el Comandante de la Policía de Investigación responsables de la diligencia en dicho operativo.
Coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad
El gobierno estatal ha reiterado que la «Operación Atarraya» no busca criminalizar actividades comerciales legítimas, sino intervenir espacios utilizados como centros de operación de grupos delictivos.
La estrategia sigue en marcha con un enfoque en la inteligencia operativa, asegurando que las acciones estén sustentadas en investigaciones previas y evitando excesos en su ejecución.
Con el respaldo de la Mesa de Seguridad, las autoridades estatales y federales continuarán con los operativos, priorizando la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Además, los resultados seguirán siendo evaluados para mejorar su implementación en el combate a la delincuencia en el Estado de México.
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