La Sala de Asuntos Indígenas confirmó la libertad de una persona otomí y ordenó reponer el juicio de una mujer mazahua por falta de garantías procesales

La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México aprobó por unanimidad dos proyectos de resolución durante su cuarta sesión itinerante pública, realizada en Lerma. Los asuntos involucraron a dos personas de pueblos originarios: persona otomí, acusada de robo con violencia, y una mujer mazahua sentenciada por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. El análisis se centró en garantías del proceso penal y en la perspectiva intercultural.

La sesión se realizó en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay para acercar las deliberaciones judiciales a las comunidades indígenas. En el primer expediente, la Sala confirmó la libertad de la persona otomí, al considerar que las pruebas no acreditaron su responsabilidad penal. En el segundo, ordenó reponer el procedimiento porque no se garantizó el derecho de la acusada a una defensa adecuada con asistencia de intérprete.

El primer asunto correspondió a una persona otomí que había sido absuelta de robo con violencia. La Sala confirmó la libertad al concluir que los elementos probatorios no demostraban su responsabilidad. La resolución se relaciona con la presunción de inocencia: la culpabilidad debe acreditarse mediante pruebas suficientes y una persona no puede ser considerada responsable únicamente por haber sido acusada.

El segundo caso involucró a una mujer de aproximadamente 60 años, perteneciente al pueblo mazahua y originaria de Santa María del Llano, municipio de Ixtlahuaca. La mujer había recibido una sentencia condenatoria de 72 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

La Sala advirtió que durante el proceso no se acreditó que la mujer hubiera contado con una defensa adecuada. Tampoco se demostró que sus defensores conocieran su lengua, usos y costumbres ni los derechos de su comunidad; además, no se comprobó que recibiera asistencia de una persona intérprete. Por esas omisiones, aprobó reponer el procedimiento para que el juicio se desarrolle nuevamente con las garantías necesarias.

La reposición no equivale a una absolución ni determina el resultado del nuevo juicio. Significa que el procedimiento deberá realizarse otra vez, atendiendo las deficiencias identificadas y garantizando los derechos procesales de la acusada. La sentencia de 72 años y un mes queda sujeta a lo que resulte del proceso repuesto.

La perspectiva intercultural exige que las autoridades consideren las condiciones lingüísticas, culturales y comunitarias de las personas indígenas durante un procedimiento. Busca que comprendan lo que ocurre, puedan comunicarse con quienes las representan y ejerzan sus derechos; no sustituye las reglas del proceso penal.

Ese enfoque tiene respaldo en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La disposición reconoce el carácter pluricultural y multiétnico de la nación y establece que, en juicios donde participen personas indígenas, deben tomarse en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales. También reconoce su derecho a recibir asistencia de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas y diversidad cultural y lingüística.

El reglamento de la Sala establece que su actuación debe regirse por la interculturalidad, la igualdad, la no discriminación, la libre determinación y el acceso a la justicia. También prevé asistencia gratuita de intérpretes y defensoras con conocimiento de la lengua y cultura de las personas indígenas. Estos criterios dan contexto a las resoluciones aprobadas en Lerma.

Durante la jornada, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, reconoció el trabajo de la Sala, encabezada por Erika Icela Castillo Vega. En un mensaje en video, destacó que por cuarta ocasión el órgano salió de su sede para sesionar en comunidades y agradeció al alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, y a las autoridades municipales por su coordinación.

Al dar la bienvenida, Castillo Vega afirmó que las personas de pueblos originarios no deben renunciar a su lengua, identidad o usos y costumbres para ser escuchadas. Sostuvo que la Sala debe acercarse a las comunidades y ofrecer una justicia que puedan comprender. La acompañaron las magistradas y magistrados María Rosalba Briseño Alvarado, Verónica Carrillo Carrillo, Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez.

El magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, señaló que la Sala requiere respaldo institucional. Acercar la justicia a las comunidades, dijo, exige no solo sensibilidad de quienes juzgan, sino herramientas, personal capacitado y recursos suficientes.

Al encuentro asistieron Jesús George Zamora, consejero jurídico estatal; Arlen Siu Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral; Nareida Berenice Ávalos Vázquez, presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Edgar Alan Estrada Berdín, del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; y Zeferina Petra Florentino Matías, representante indígena en el Ayuntamiento de Lerma. También acudieron integrantes de órganos judiciales, legisladores y personas de pueblos originarios.

Participó Margarita Leonor Gopar Pérez, presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.