El retiro de 17 cámaras irregulares en San Mateo Atenco destapó un monitoreo sin control en la vía pública y abrió preguntas sobre quién mira sin permiso

El gobierno municipal de San Mateo Atenco retiró 17 cámaras de videovigilancia instaladas sin cumplir con la normatividad vigente, como parte de un operativo conjunto encabezado por la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil (DSHOVyPC) y respaldado por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). De acuerdo con las autoridades locales, la intervención busca garantizar que cualquier herramienta tecnológica destinada a la vigilancia opere dentro de un marco de legalidad, respeto a la privacidad y transparencia institucional.

El “Operativo Coordinado de Recuperación de Espacios Públicos y Retiro de Cámaras de Videovigilancia” se llevó a cabo el 11 de noviembre, motivado por reportes ciudadanos y revisiones técnicas que detectaron dispositivos instalados sin permisos, sin identificación de responsables o en ubicaciones que contravenían las disposiciones municipales. La Policía Municipal planteó la necesidad de actuar de inmediato para prevenir prácticas de monitoreo no autorizadas, una situación que, según autoridades, representa un riesgo potencial para la seguridad, la integridad de la información y la vida cotidiana de quienes transitan por el municipio.

El retiro de cámaras en la vía pública es un tema particularmente sensible en los municipios del Valle de Toluca, donde la expansión de sistemas de videovigilancia privados ha crecido de forma acelerada. Muchas veces, estos dispositivos se colocan con la intención de reforzar la seguridad de los vecinos o negocios, pero su instalación no siempre se apega a los lineamientos legales. Y es que una cámara colocada sin control puede convertirse en una herramienta para obtener imágenes sin consentimiento, interferir con investigaciones oficiales o incluso facilitar actividades ilícitas si cae en manos equivocadas.

Durante el operativo, personal municipal y estatal realizó inspecciones técnicas en diferentes puntos de San Mateo Atenco. Las cámaras retiradas se encontraban instaladas en postes, fachadas o estructuras improvisadas, y en algunos casos no contaban con información mínima sobre su propietario o responsable de mantenimiento. Las autoridades explicaron que la primera tarea fue identificar cuáles de esos dispositivos tenían un origen verificable y cuáles no. Ese proceso permitió clasificar las cámaras en dos grupos: las reclamadas por vecinos y comerciantes, y las que carecían de propietario conocido.

De las 17 cámaras aseguradas, siete fueron entregadas directamente al Ministerio Público al no ser reclamadas por ninguna persona. La falta de identificación y de documentación sobre su instalación obligó a iniciar un proceso de investigación para determinar quién las colocó y con qué fines. Estas cámaras permanecerán bajo resguardo como posibles indicios dentro de una carpeta de investigación, particularmente si se detecta que fueron usadas para actividades ajenas a la seguridad vecinal.

Las diez cámaras restantes sí fueron reclamadas por vecinos, quienes demostraron su propiedad y aceptaron la reubicación conforme a las reglas establecidas. Las autoridades municipales explicaron que los propietarios recibieron orientación sobre los procedimientos necesarios para cumplir con la normatividad: notificación de instalación, ubicación aprobada, revisión técnica y apego a criterios de privacidad. La intención es que los dispositivos puedan seguir usándose, siempre y cuando se integren a un entorno regulado y compatible con los sistemas oficiales de videovigilancia.

Además del retiro de las cámaras, el operativo permitió actualizar el diagnóstico municipal sobre infraestructura de videovigilancia privada y detectar zonas donde este tipo de dispositivos se ha multiplicado sin control. Funcionarios consultados señalaron que, en los últimos años, algunos grupos vecinales y comercios han recurrido a la instalación improvisada de equipos de monitoreo ante el incremento de delitos del fuero común. Sin embargo, una cámara mal instalada o carente de regulación también genera vulnerabilidades: imágenes que pueden filtrarse, redes expuestas o interferencias con la operación de cámaras oficiales.

Las Mesas de Paz, que respaldaron el operativo, destacaron que el uso de tecnología para reforzar la seguridad debe ir acompañado de criterios claros y comunes entre los niveles municipal, estatal y federal. Esto incluye la protección de datos personales, la operación exclusiva por personal autorizado y la delimitación precisa del campo de grabación para evitar captar espacios privados.

La administración municipal informó que en las siguientes semanas se realizará una campaña informativa dirigida a vecinos, condominios y comercios para explicar los requisitos necesarios para instalar cámaras en espacios conectados a la vía pública. El objetivo es evitar que quienes busquen mejorar la seguridad de su entorno incurran sin saberlo en faltas administrativas o violaciones a la normativa de protección de datos.

Autoridades anticiparon que este tipo de revisiones continuará de manera periódica, especialmente en colonias donde se han reportado disputas vecinales, denuncias de vigilancia indebida o presencia de grupos que podrían estar utilizando cámaras con fines ajenos a la seguridad ciudadana. La intención es consolidar un sistema de videovigilancia más ordenado y compatible con las políticas estatales, sin obstaculizar la participación comunitaria en la prevención del delito.

En San Mateo Atenco, el retiro de las 17 cámaras irregulares abrió la puerta para un debate más amplio: cómo equilibrar la necesidad de mayor vigilancia con la obligación de proteger la privacidad y asegurarse de que la tecnología no se convierta en un riesgo. Por ahora, el municipio sostiene que el primer paso era claro: recuperar el control de los espacios públicos y garantizar que cada cámara instalada cumpla con la ley.