Hay que reconocer que uno de los temas que ha despertado una acalorada discusión entre especialistas y la sociedad en general es el que se refiere al sistema de pensiones vigente

José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

En el ocaso de su periodo al frente del Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende mantener el control de la narrativa política nacional, así como determinar una agenda de discusión tanto entre sus seguidores como sus opositores. Un claro ejemplo de lo anterior es el bloque de propuestas de reformas constitucionales que envió hace unos días al Congreso de la Unión.

Este paquete de iniciativas incluye una gran diversidad de temas que van desde la prohibición del maltrato animal, el uso de vapeadores y la minería a cielo abierto o el uso del fracking para extracción de petróleo. Entre otras cosas también se habla del reconocimiento de comunidades étnicas como sujetos de derecho ante la Constitución y medidas ante los transgénicos para proteger la diversidad del maíz nacional, entre algunos temas adicionales que representan tema de análisis especializado cada uno de forma independiente.

Sin embargo, hay que reconocer que uno de los temas que ha despertado una acalorada discusión entre especialistas y la sociedad en general es el que se refiere al sistema de pensiones vigente. En primer lugar, hay que recordar que una de las características de la sociedad mexicana, en consonancia con lo que pasa en el resto del mundo, es el incremento de la esperanza de vida, la cual actualmente supera ya los 70 años, este fenómeno demográfico tiene como resultado que la población en condición de retiro sea cada vez mayor. En segundo lugar, la población con actividades laborales dentro de la formalidad es menor a las que se desempeñan en actividades de carácter informal según estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI.

Esta tensión estructural ha obligado al gobierno mexicano a implementar a lo largo del tiempo una serie de reformas con el afán de garantizar la cobertura de recursos indispensables para las personas que año con año tienen la oportunidad de retirarse laboralmente. En 1997, durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo se reformó la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y se sentaron las bases del sistema de retiro vigente, esto con el fin de brindar viabilidad a los fondos de pensiones que a partir de esta ley se administran a través de las Afores, de igual manera se incorpora la aportación individual como un recurso que a lo largo del tiempo permitiría un retiro digno a los trabajadores.

Sin embargo, uno de los problemas que ha detectado el gobierno actual es que el monto reunido al finalizar el periodo laboral de los trabajadores resulta insuficiente ya sea por aportaciones muy bajas o por bajos rendimientos de los ahorros o por las altas comisiones de las administradoras. Debido a esto, en el año 2020 el gobierno federal impulsó una reforma que, al incrementar las aportaciones patronales para el retiro, atendía en buena medida la urgencia del problema; pero eso no ha limitado al presidente López Obrador para presentar al congreso el proyecto de reforma constitucional del sistema de pensiones de Zedillo.

Más allá de la discusión política actual, hay que reconocer que este es uno de los principales problemas que debe enfrentar la sociedad mexicana y que por lo tanto hace indispensable que prevalezca la apertura a la opinión de los distintos actores sociales que participan en la agenda pública de hoy y en el futuro, sin dejar de observar que las diferentes posturas de se determinan en clave electoral, lo cual en este momento es inevitable.