“Albañil chapucero, tapa en falso el agujero”
Refrán popular

Carlos Mota Galván / @CarlosMotaG

Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa en México, sigue tratando de tapar los hoyos que de forma innecesaria le ha abierto el aún presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con su pretendida reforma al Poder Judicial a fin de destruirlo para cobrarse las afrentas que en su delirio, piensa le infligieron al impedir concretar algunas de sus propuestas más radicales.

Sheinbaum ha buscado por todos los medios que el país no se lo desbaraten antes de asumir el cargo. Ha propuesto la continuidad del secretario de Hacienda para dar certeza a los mercados, se ha reunido con grupos empresariales, entre ellos, el Consejo Coordinador Empresarial, para asegurarles que no habrá autoritarismo en esta reforma, invitando a los empresarios, incluso, a unirse al parlamento abierto que con tal motivo implementaran, pues no se trata de la concentración de poder lo que se busca, dijo, sino de dotar a esta instancia de “más autonomía”.

Los hechos, no obstante, se encargan de contradecirla en sus propósitos, la dichosa encuesta fast-track que realizaron, las declaraciones de López Obrador en el sentido de que los jueces y magistrados son una partida de corruptos que urge sacar de sus puestos y que ello lo harán en los próximos días siendo él aún Presidente porque el “pueblo bueno”, así lo ha manifestado, dan cuenta de un ejercicio del poder grosero, autoritario y de odio, como nunca se había presentado en el país.

Las presiones incluso llegaron hasta a la propia rectoría de la UNAM para que se deslindara de un comunicado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país había publicado, donde ponderaban las preocupaciones que genera esta pretendida reforma entre el gremio jurídico del país. Esta declaración por cierto, no es la única en contra, la asociación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Barra Mexicana de Abogados, se han declarado en términos similares. Incluso economistas e intelectuales orgánicos de la 4T advierten que no se puede iniciar un nuevo gobierno sobre la destrucción de uno de los Tres Poderes del Estado.

Incluso, la magistrada Paula María García Villegas, hija de la ministra en retiro y morenista, Olga Sánchez Cordero, llamó en un video publicado en X (antes Twitter) a reconsiderar esta medida, porque técnicamente, dijo, sería un «golpe de Estado”, aunque minutos después lo borro. La DEA misma habló de que tal reforma propiciaría que el crimen organizado podría patrocinar la elección de sus propios juzgadores para cuidar sus intereses y López Obrador de inmediato los conminó a no meter su cuchara en los asuntos internos de México, “esto es cómo si yo hablará de la prorroga que han dado al caso García Luna” (sic).

Como sea el caso, ya esta reforma ha provocado el anuncio del cierre de la planta COMPAS de Nissan y Mercedes en Aguascalientes que llevaba 12 años de operación en el país, por considerar que hay falta de condiciones del Estado de Derecho para las inversiones con el actual y el próximo gobierno federal. Más de mil trabajadores se verán afectados y otras empresas filiales también tendrán que cerrar, aumentando en consecuencia el número de despidos. Esto es lo que Claudia Sheinbaum desea evitar, que la inversión extranjera y local sobre-reaccionen a estos anuncios, pero parece que no ha tenido el éxito esperado hasta el momento.

El capricho presidencial no conoce fronteras y por ello marcha a un choque frontal contra el principio que la mayoría de los países democráticos en el mundo siguen, buscando fortalecer el respeto a la separación de poderes como lo propuso el filósofo francés Montesquieu. En nuestro país los nombramientos descansan en un método meritocrático, de tal forma que se garantiza que quien mas sabe ocupe el lugar al que aspira. Ahora con esta pretendida medida electorera, nada impide que puedan accesar a esta posición jueces o magistrados que poco sepan de la materia, como ya ocurre, o lo que es peor, que favorezcan a intereses del crimen organizado.

Es cierto que la justicia en México se debe fortalecer pero llevar a cabo una reforma auténtica implicaría que todos los sectores involucrados participen en su construcción, para alcanzar tal encomienda deben también transformarse y ahí sí, drásticamente, el Ministerio Público, las fiscalías y policías del país. Sin considerar a estos, lo único que harán será sólo con su vendetta, dejando al pueblo aún mas desprotegido que lo que ahora está, aunque este ni cuenta se dé.