¿Diez años de Ayotzinapa y aún seguimos sin una verdad confiable? El laberinto de contradicciones solo crece y las respuestas no aparecen

Esta semana se han cumplido diez años del ataque y la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Hay que recordar que el lamentable incidente contó con la participación de autoridades del Estado en distintos niveles de gobierno, tanto por acción directa como por omisión.

Por otro lado, también hay que ser enfáticos en el hecho de que el proceso de investigación subsecuente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto adoleció de confiabilidad y transparencia, a pesar de contar con la supervisión de un grupo de expertos independientes, los cuales terminaron cuestionando el procedimiento para obtener las confesiones de las personas implicadas.

La colusión de autoridades e integrantes del crimen organizado en un acto de movilización estudiantil fue un factor que permitió el desarrollo de los actos de barbarie cometidos y, de igual manera, ha sido determinante para el condicionamiento del esclarecimiento de los sucesos y, por lo tanto, en la asignación de responsabilidades y sentencias de quienes han sido indiciados en el caso.

Las autoridades responsables de la autoría de la “verdad histórica” en su momento fueron incapaces de generar confianza en los hallazgos y, por el contrario, facilitaron el crecimiento de una brecha entre los familiares de las víctimas y los órganos del Estado Mexicano. Eventualmente, las personas a cargo de las investigaciones iniciales cayeron en el descrédito de la opinión pública y han sido sometidas a procesos penales bajo acusaciones de violaciones de derechos humanos y tortura (Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, principalmente). La falta de transparencia se ha traducido en la falta de resultados concretos hasta la fecha.

La llegada de un gobierno de tendencia ideológica de izquierda, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con altos niveles de legitimidad en las urnas y que, desde que se suscitaron los hechos, fustigó a las autoridades a cargo de la investigación, alimentó la esperanza de que por fin se consolidaría una investigación objetiva y hasta las últimas consecuencias. Incluso, la aclaración del tema fue una promesa de campaña de López Obrador. Sin embargo, el tiempo ha pasado y, contrario a lo propuesto por el presidente, los esfuerzos por desacreditar la “verdad histórica” no se han traducido en una verdad alternativa confiable; por el contrario, parece que nos encontramos en un laberinto de contradicciones que llevan a un punto indeterminado de las explicaciones del suceso.

No hay que olvidar que, durante este periplo, renunció a su cargo el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, en medio de serias acusaciones al poder ejecutivo federal y a la Fiscalía General de Justicia respecto a un posible acuerdo para obstruir la comparecencia de mandos militares. En consecuencia, Gómez Trejo tuvo que exiliarse del país bajo el argumento de su seguridad personal.

Más adelante, Alejandro Encinas Rodríguez también abandonó su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para integrarse al gabinete de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La suma de todos estos hechos nos lleva a cuestionarnos si en algún momento existirá una investigación con resultados confiables que permita deslindar responsabilidades y evitar la repetición de este tipo de eventos.