La crisis postelectoral en Venezuela cuestiona la legitimidad de Maduro, con la oposición y varios países pidiendo transparencia

José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

El pasado 28 de julio se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales el actual presidente Nicolás Maduro buscaba la reelección, respaldado por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, del cual forma parte el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por otro lado, la oposición, articulada a través de la Plataforma Unitaria Democrática, postuló a Edmundo González después de que su principal figura política, María Corina Machado, fuera inhabilitada políticamente en 2023 durante un periodo de quince años a través de una resolución del Tribunal Supremo de Venezuela, en respuesta a una medida que impuso la Contraloría General de Venezuela contra Machado por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. A estas postulaciones se sumaron varias candidaturas testimoniales que no se incorporaron a las coaliciones mayoritarias.

La realización de estos comicios fue resultado del acuerdo firmado por el oficialismo y la oposición en Barbados el año pasado, donde las partes asumieron el compromiso de garantizar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos y proteger los “intereses vitales” de la nación venezolana. Estos acuerdos fueron posibles en gran medida por la intermediación de países de la región, entre los que se encontraba México.

Sin embargo, en medio de acusaciones de control gubernamental hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro se declaró ganador de los comicios, lo cual fue respaldado con los reportes iniciales de la autoridad electoral. Sin embargo, la oposición afirmó tener datos contrarios a los difundidos por el oficialismo, por lo cual desconocieron el resultado inicialmente.

Con el paso de los días, la situación ha escalado hacia un conflicto postelectoral que asemeja un laberinto sin salida. La legislación indica que las actas electorales deben hacerse públicas, sin embargo, los días pasan y no se ha divulgado esa información; en cambio, el presidente Maduro ha enfocado su crítica hacia la plataforma de WhatsApp como herramienta generadora de incertidumbre e incluso ha invocado un supuesto fraude tecnológico internacional para favorecer a Edmundo González.

Frente a esta situación caótica, el plano internacional latinoamericano ha expresado posiciones divergentes. Por un lado, Bolivia, Nicaragua y Cuba se han volcado a reconocer el triunfo de Maduro, pero en cambio, Argentina, El Salvador y otros gobiernos de derecha han realizado críticas frontales a la organización de los comicios y sus resultados. Incluso Gabriel Boric, presidente de Chile con orientación de izquierda, ha sido muy claro al no convalidar los resultados de la elección. Finalmente, Brasil, Colombia y México, cuya reacción inicial ha sido muy prudente, han solicitado al CNE hacer públicas las actas de votación, desglosadas por mesa de votación, con el fin de garantizar la transparencia y el respeto de los derechos políticos y soberanos del pueblo venezolano.

No se visualiza una solución rápida al conflicto, pero es un hecho que la legitimidad de Maduro en el poder se deteriora cada día más y, sin claridad electoral, su autoridad política hace inviable su mandato.