Aplauden las 40 horas semanales, pero olvidan que derechos como el agua, la silla o la paternidad aún siguen esperando turno legislativo

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo público el proyecto de instaurar la semana laboral de 40 horas en nuestro país, de forma gradual hasta el año 2030 y como resultado del consenso con el sector empresarial y organizaciones sindicales. La presidenta reconoció la imposibilidad de implementar esta política de manera inmediata sin afectar la productividad de los distintos sectores de la vida económica nacional.

Hay que señalar que esta ha sido una exigencia de organizaciones civiles y algunos sindicatos, con el objetivo de garantizar una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, distintos gobiernos habían sido reacios a su implementación.

Incluso hace unos días, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se vio envuelto en una polémica con usuarios de redes sociales al opinar que este cambio legislativo debe ser impulsado por las organizaciones sindicales y no por el Poder Legislativo. Cabe recordar que, teniendo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, prácticamente no existen obstáculos para que cualquier iniciativa de Morena y sus aliados sea aprobada en el pleno.

En esta coyuntura, es importante destacar el alcance de estos cambios legales y su impacto en la mejora de la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. Esto nos remite al marco histórico internacional, donde la represión gubernamental frente a las manifestaciones sindicales dio origen a una conmemoración internacional, con demandas que en su momento incluyeron la jornada de ocho horas laborales diurnas, permisos de maternidad y lactancia, vacaciones, aguinaldo, seguridad social y un retiro digno, entre otros derechos.

Sin embargo, hoy varios de estos derechos laborales se encuentran en riesgo, ya sea por cambios profundos en la dinámica de las profesiones, por el avance tecnológico, por la emergencia de plataformas digitales e inteligencia artificial, o por el modelo económico neoliberal y la globalización comercial, que han transformado el paradigma laboral en favor de sectores empresariales cada vez con mayor capacidad de acaparamiento económico, en detrimento de quienes proveen la fuerza de trabajo.

Por ello, resulta esperanzador el impulso del gobierno mexicano a este cambio. No obstante, aún están pendientes diversas iniciativas pospuestas para el siguiente periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo:

• La reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce el acceso al agua como derecho laboral (“Ley vaso de agua”).
• La ampliación de los días de permiso de paternidad (actualmente cinco días); distintas propuestas van de los 10 hasta los 90 días.

De igual forma, habrá que dar seguimiento a la implementación de reformas ya aprobadas y que entrarán en vigor en el corto plazo:

• La llamada Ley Silla, que reconoce el derecho al descanso en un asiento durante la jornada laboral, y que entrará en vigor el 17 de junio.
• El 27 de junio iniciará un programa piloto de afiliación de repartidores de apps al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior muestra que la lucha por los derechos de los trabajadores aún no termina, y que quedan muchos primeros de mayo por delante.