CURP biométrica sin garantías: ¿vigilancia disfrazada de modernización? El Estado podría usar tus datos biométricos en tu contra, sin rendir cuentas

El paquete de reformas que está impulsando el Gobierno Federal y que se encuentra en proceso de debate y aprobación por parte de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) en el poder legislativo hace obligatoria la discusión sobre el uso y resguardo de información biométrica por parte del Estado mexicano.

En este espacio se han expuesto diferentes consideraciones respecto a la capacidad gubernamental para resguardar datos sensibles de la ciudadanía, sobre todo en los siguientes aspectos:

En primer lugar, la posibilidad de desarrollar un sistema de vigilancia de la población que se encuentre bajo control del Estado, con el potencial de condicionar el acceso a servicios y programas sociales, y al mismo tiempo como una herramienta que vulnere la privacidad de las personas, pero sobre todo de opositores al gobierno.

En segundo lugar, no se han desarrollado directrices claras de los mecanismos y procesos de resguardo de la información, lo cual es preocupante debido a que, en todos los antecedentes de esta responsabilidad, el gobierno mexicano ha expuesto una marcada opacidad e incapacidad para blindar las bases de datos para que no sea robada esta información.

Podemos tomar como referencia la aprobación en el Senado de la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos y Modernizar los Servicios Públicos, cuya implementación implica la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, misma que incluirá datos como huellas digitales, escaneo de iris, firma y fotografía.

Esta CURP será necesaria para realizar trámites digitales a través de la plataforma “Llave MX”, lo cual la convertirá en un documento insustituible. Por este medio se busca integrar a los ciudadanos al Sistema Nacional de Salud y darle seguimiento a los reportes de búsqueda de personas desaparecidas. La información estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El uso de estos datos implica una gran responsabilidad, misma que hasta el momento no ha sido solventada adecuadamente por el Estado mexicano. Si bien es cierto que el derecho a la identidad se encuentra tutelado por nuestra Constitución y que estas herramientas digitales pueden representar una salvaguarda ciudadana frente a delitos como el robo de identidad, también hay que reconocer los riesgos que implica una legislación que ha carecido del debate y la discusión en el poder legislativo, omitiendo hasta el momento la opinión de expertos y de organizaciones de la sociedad civil.