El aire se ha transformado en muro de cemento.
Antes de que suceda, he salido a mirar los aviones y a viajar en tus ojos.
Poema XIV, Vicente Quirarte

En el arranque de las campañas para la elección judicial del próximo 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ningún servidor público, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, puede promover la participación ciudadana en estos comicios. La decisión busca evitar que el aparato del Estado intervenga en un proceso que, paradójicamente, pretende presentarse como un ejercicio de “democratización del Poder Judicial”.

¿Qué persiguen, en realidad, los líderes del partido en el poder y todos sus alfiles —muchos de poca monta, incrustados en el Poder Legislativo— con el férreo control del proceso electoral del 1 de junio?

Durante una gira por Sonora, la presidenta decidió pronunciarse sobre el tema, en aparente desacato a lo establecido por el INE. Este gesto no es menor: revela el verdadero pulso político detrás de la reforma judicial promovida por el actual gobierno. No se trata únicamente de abrir el sistema judicial a la voluntad popular —algo que, en teoría, sería deseable—, sino de asegurarse de que quien encabece el Ejecutivo también tenga el poder de moldear al Poder Judicial a su imagen y semejanza.

¿Qué tipo de democracia es aquella donde los contrapesos se diluyen y el poder se concentra cada vez más en una sola figura? ¿Acaso elegir jueces mediante voto directo garantiza justicia, o simplemente allana el camino para que las decisiones judiciales estén alineadas con los intereses del poder en turno?

Tal vez —y solo tal vez—, para algunos analistas, la estrategia de descalificar la elección desde ahora solo sirva para desalentar la participación ciudadana y demostrar que todo fue, desde el inicio, una farsa bien orquestada.

Pero si ponemos los pies en la tierra, ¿quién en su sano juicio estaría dispuesto a desperdiciar casi medio día de ese domingo haciendo fila para luego, durante al menos media hora, llenar un listado con seis boletas distintas, nombres, números y trampas visuales que acaben por dar la razón al gobierno morenista?

El riesgo es real: convertir al Poder Judicial en una prolongación del Ejecutivo no es una reforma, es una regresión. Es disfrazar con urnas lo que, en el fondo, es una captura institucional. El país podría terminar con magistrados electos no por su capacidad, sino por su lealtad. Una justicia sin independencia es el preludio de un autoritarismo legitimado en las urnas.

La democracia no se construye anulando las diferencias entre los poderes, sino garantizando su coexistencia crítica.

Al menos en el plano idealista —y en el mundo moderno, casi como un cuento de hadas— la justicia no debe obedecer al gobernante en turno, sino a la ley y a los principios que sostienen el Estado de derecho.

Pero bueno, ya lo sentenció el clásico hace algunos años cuando demostró que las instituciones no sirven “para maldita la cosa”: No me vengan ahora con que la ley es la ley.

Y sus lacayos le aplaudieron —y lo siguen defendiendo— por encima de todo, incluso de sus propios principios y convicciones personales.

Veremos —a su tiempo, pero lo veremos— que este personaje sí engañó al pueblo, y la historia le dará el lugar que merece. Por ahora, puede seguir en un altar, embobando incautos y viviendo de lo que tanto atacó.

Sus otros datos son los que dictan el discurso de los demás. Tal vez hasta que la científica, preparada y comprometida con México, lo decida. Ella sabe perfectamente que seguir con este juego puede tener consecuencias muy negativas, al enviar al fondo del baúl de las verdaderas necesidades nacionales los intereses y motivaciones de vida de los mexicanos de bien.