Magistrados advierten riesgos en disciplina judicial y piden rigor procesal

La consolidación de un modelo disciplinario judicial sólido, técnico y respetuoso del debido proceso se perfila como uno de los principales desafíos para los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial en México. Así lo planteó la magistrada Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, durante la Primera Reunión de Presidencias de estos órganos, un encuentro que reunió a representantes de 19 entidades del país.

En su intervención, la magistrada fue puntual: el nuevo régimen disciplinario debe garantizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas, sin perder de vista un principio esencial en cualquier sistema democrático: la independencia judicial. No es un equilibrio sencillo. Por un lado, está la exigencia social de combatir faltas administrativas y posibles actos de corrupción; por otro, la necesidad de evitar que los mecanismos disciplinarios se conviertan en herramientas de presión indebida sobre jueces y magistrados.

Durante su ponencia titulada “Responsabilidad administrativa en México: principios y retos del nuevo régimen disciplinario judicial”, Reyes Hernández recordó que este modelo encuentra sustento en la Constitución, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en diversas disposiciones locales. En ese entramado normativo —denso, pero necesario— se definen las reglas para determinar responsabilidades sin vulnerar la función jurisdiccional.

El contexto no es menor. Los nuevos tribunales surgen a partir del proceso electoral de 2025, lo que implica una reconfiguración institucional relevante en varias entidades, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Sonora, Tabasco, Nayarit y Zacatecas. En ese escenario, la experiencia del Estado de México resulta particularmente ilustrativa por la dimensión de su sistema judicial: más de 17 millones de habitantes, 189 juzgados de primera instancia, 27 salas y más de 400 juezas y jueces en funciones.

Esa magnitud, como se expuso durante el encuentro, obliga a establecer criterios claros y procedimientos robustos. No se trata solo de sancionar conductas indebidas, sino de distinguir con precisión cuándo una actuación judicial rebasa el ámbito del criterio jurisdiccional y se convierte en una posible falta administrativa. La línea, en ocasiones, es delgada.

En ese sentido, la magistrada subrayó que el análisis disciplinario debe centrarse en la verificación del cumplimiento de los deberes funcionales. Es decir, evaluar si las y los juzgadores actuaron conforme a derecho, sin invadir el terreno de la interpretación judicial, que por naturaleza admite diversidad de criterios.

El encuentro también sirvió para presentar avances operativos en el Estado de México. Las actividades del Tribunal de Disciplina Judicial se han organizado por regiones, lo que permite una atención más focalizada: Texcoco, Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec cuentan con responsables específicos para dar seguimiento a los casos. Este esquema busca no solo eficiencia, sino cercanía con los contextos locales donde se desarrollan los procesos judiciales.

La capacitación del personal fue otro de los ejes destacados. Y es que, en un modelo que apenas comienza a consolidarse, la formación técnica resulta indispensable. No basta con aplicar la norma; es necesario interpretarla con rigor, sensibilidad institucional y una comprensión clara de los límites entre control disciplinario e independencia judicial.

Desde otra perspectiva, el magistrado Jesús Ángel Cadena Alcalá puso sobre la mesa un elemento clave: la prevención. Durante su ponencia sobre estrategias en la función judicial, enfatizó que el objetivo del régimen disciplinario no debe reducirse a sancionar, sino también a evitar conductas indebidas mediante la formación continua y el fortalecimiento de una cultura ética dentro de las instituciones.

En ese sentido, planteó la necesidad de integrar mecanismos como la reparación integral del daño y de avanzar hacia la homologación de criterios en los códigos de ética a nivel nacional. Incluso, mencionó la importancia de considerar el uso responsable de herramientas como la inteligencia artificial, un tema que empieza a asomarse en la administración de justicia y que plantea nuevos dilemas.

La reunión, realizada en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), fue definida por la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, como un punto de partida. La intención, explicó, es construir una agenda común que permita compartir información, homologar criterios y fortalecer los vínculos institucionales entre los distintos tribunales.

En los pasillos del encuentro, más allá de los discursos formales, se percibía una coincidencia: el sistema de justicia enfrenta una etapa de transformación profunda. Y en ese proceso, la disciplina judicial se vuelve un componente estratégico. No solo para sancionar, sino para legitimar.

Participaron también magistradas y magistrados de distintas entidades, quienes aportaron experiencias y perspectivas sobre los retos que enfrentan en sus respectivos contextos. Entre ellos, representantes de Ciudad de México, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, lo que permitió enriquecer la discusión con realidades diversas.

El desafío, en síntesis, es construir un modelo que no deje espacios a la impunidad, pero que tampoco interfiera indebidamente en la función judicial. Un sistema que, en palabras de los propios participantes, sea técnico, transparente y, sobre todo, confiable.

Porque, al final, la disciplina judicial no es un tema aislado. Está directamente vinculada con la confianza ciudadana en las instituciones. Y en un país donde la justicia suele estar bajo escrutinio permanente, ese factor —la confianza— resulta tan frágil como indispensable.