Con una reforma judicial cargada de sospechas y personajes que cambian de bando, el acceso a la justicia sigue siendo una promesa vacía para millones

En días recientes, la polémica de la opinión pública se ha volcado hacia la discusión de las implicaciones inmediatas y a largo plazo de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada por el Poder Legislativo gracias a la mayoría que la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tiene en la Cámara de Diputados y el Senado. Hay que recordar que para alcanzar la mayoría calificada (tres cuartas partes del pleno) en el Senado de la República fue necesaria la incorporación de dos representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue postulado por la alianza opositora para ocupar el cargo, pero que sorprendentemente encontró el camino “al lado correcto de la historia”. Para que no hubiera duda sobre el resultado de la votación, también resultó muy sospechosa la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien alegó una confusa situación familiar para no estar presente en la histórica sesión.

Más allá de la polémica alrededor de posibles vicios en el procedimiento y de cuestionamientos éticos, la situación nos mostró con toda claridad lo siguiente:

• En primer lugar, sin duda alguna, existe una profunda confrontación entre dos visiones de nación totalmente opuestas, lo cual refleja una marcada polarización discursiva sobre el trayecto que debe seguir la relación entre la ciudadanía y los poderes públicos. Por un lado, una visión apela al maximalismo democrático, es decir, que la distribución de los espacios de gobierno sea resultado de la decisión popular; por otro lado, subyace una idea que prioriza las capacidades como instrumento de desarrollo del servicio público. Lo primero implica profundos cambios con consecuencias impredecibles y la posibilidad de favorecer un tránsito hacia una democracia descontrolada y sin reglas; lo segundo se refiere a un modelo que cierra las posibilidades de interlocución entre las instituciones de gobierno y el mandato popular.

• En segundo lugar, la apropiación de la idea de justicia es un escenario no solo de disputa ideológica, sino también de espectáculo público que muestra las limitaciones de los representantes populares, exponiendo razonamientos y discursos centrados en la voluntad, pero alejados del conocimiento y el diálogo. Sea cual sea el resultado de esta disputa política, se han reducido los canales de diálogo y de intercambio de ideas; paradójicamente, eso se ha traducido en una imposición mayoritaria que revive la afirmación calderonista de “haiga sido como haiga sido”.

• En tercer lugar, nos encontramos en un terreno fangoso, con profundas incertidumbres tanto del procedimiento como de los beneficios de la reforma. A pesar de las ventajas y antecedentes que menciona el oficialismo, no existen precedentes semejantes a nivel mundial. El modelo más parecido, existente en Bolivia, ha dejado hasta el momento muchas dudas y pocas respuestas frente a las injusticias.

Mientras todo esto sucede, el acceso a la justicia sigue siendo un terreno inaccesible para millones de personas en todo el país, por lo que sería bueno construir una alternativa humanista para atender esta terrible problemática.