La justicia en el país se ve en riesgo por los altos niveles de impunidad; la violencia revela desigualdades arraigadas, socavando la justicia y la movilidad social

José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

Hace una semana escribí en este espacio que en nuestro país la búsqueda de justicia encuentra una frontera muy tenue respecto a la venganza de los agravios sociales, esto principalmente como resultado de los altos niveles de impunidad y la frustración que eso genera.

Al retomar el caso de los linchamientos es posible observar la forma en que se rompen las posibilidades reales de impartición de justicia y en cambio la violencia nos muestra los alcances de conflictos subyacentes. Por lo tanto, la explicación a la violencia social se vincula de forma directa con la comprensión de conflictividades que se encuentran ancladas a la estructura de la sociedad.

De este modo, podemos dar cuenta de la forma en que las desigualdades son transversales y trascienden el ámbito de la esfera económica y socavan el acceso a la justicia y las oportunidades de movilidad social.

De igual manera la vulnerabilidad de la sociedad ante la inseguridad hace más intensa la reacción de víctimas directas e indirectas. Otro ejemplo de conflicto subyacente lo representa la exclusión de sectores sociales por su condición de género en los ámbitos económico y político y la subsecuente opresión que padecen.

Si bien es cierto que el conflicto social se encuentra incorporado a las relaciones sociales, también es cierto que su resolución de forma pacífica constituye un reto en la civilización humana.

El derramamiento de sangre es una alternativa que pone en riesgo no solo la convivencia en sociedad, también implica el debilitamiento de las oportunidades de progreso ya que si seguimos al pie de la letra la política de ojo por ojo y diente por diente terminaremos destruyendo cualquier paradigma posible de socialización y de vida pacífica, de ahí la importancia de promover la convivencia pacífica y resolver conflictos sin violencia.

Algunos elementos a considerar para alcanzar este objetivo son los siguientes:

La confianza institucional: En la medida en que la sociedad respalde la acción de las instituciones en sus distintos niveles se incrementa la posibilidad de canalizar conflictos a través de las reglas sociales y no a través de los intereses particulares, de igual manera se fomenta el respeto a los procedimientos legales anteponiendo el acuerdo social a posibles decisiones individuales.

Los lazos de solidaridad y confianza: La fuente de estos lazos suele ser la igualdad y la reducción de privilegios injustos, el trato entre iguales implica un acuerdo horizontal en la formación de vínculos que pueden ser más solidarios.

En tercer lugar se puede hacer mención de las normas sociales: la transparencia y publicidad de las normas implican que los acuerdos sobre los que se sustenta la interacción de los individuos están disponibles para todos y que por lo tanto el margen de los privilegios es reducido.

En suma, la interacción entre estos tres elementos nos brinda un basamento para atender conflictos sociales con un piso básico, sería bueno preguntarnos en este momento qué tan lejos estamos de estos fundamentos.