En pleno clima de violencia electoral, el IEEM establece un protocolo urgente para proteger a candidaturas en riesgo. La seguridad ya no es opcional

Ante el complejo panorama de seguridad que enfrenta el país durante los procesos electorales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha dado un paso significativo para salvaguardar la integridad de quienes participan como candidatas y candidatos en la contienda mexiquense. A través de un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), se activó un protocolo formal para recibir, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes de protección de personas candidatas.

Este acuerdo institucional tiene como propósito claro evitar situaciones de riesgo o violencia política, a través de una ruta estructurada y legalmente respaldada, que permita atender de manera oportuna las amenazas, agresiones o incidentes que vulneren el derecho a la participación política en condiciones de seguridad.

La medida llega en un momento crucial. De cara a las elecciones de 2025, el IEEM se enfrenta a la responsabilidad de organizar un proceso limpio, equitativo y seguro, en un contexto nacional marcado por la creciente incidencia de ataques y amenazas contra figuras políticas, especialmente en contextos locales y municipales.

Un procedimiento claro y accesible para candidaturas

Según lo aprobado por la Junta General del IEEM, las personas interesadas en acceder a estas medidas de prevención y/o protección deberán presentar una solicitud formal, la cual puede realizarse de dos formas: mediante un formato específico disponible en línea o a través de un escrito libre dirigido a la Secretaría Ejecutiva del IEEM.

El documento deberá incluir datos esenciales como el nombre de la persona candidata, información de contacto, cargo por el que compite, poder del Estado que la postula, descripción de los hechos que motivan la solicitud, y la firma del solicitante. En caso de que no sea la persona candidata quien firme directamente, deberá hacerlo un representante legal debidamente acreditado, conforme a la legislación civil vigente.

Este procedimiento, aunque burocráticamente detallado, tiene como finalidad garantizar la seriedad de las solicitudes y dar trazabilidad a cada caso. Además, permite que las instituciones involucradas actúen bajo un mismo protocolo, evitando duplicidades, omisiones o demoras.

Alternativas digitales y rutas de atención

Para facilitar el acceso, el IEEM habilitó múltiples vías para enviar las solicitudes: correo electrónico institucional (of_partes@ieem.org.mx), entrega física en la Oficialía de Partes del Instituto, o bien a través de sus Órganos Desconcentrados. Asimismo, el formato oficial está disponible tanto en el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SiNE) como en la página web del IEEM, en el apartado específico para medidas de protección:
https://www.ieem.org.mx/eleccion-poder-judicial-2025/medidas-de-proteccion.html

Un punto clave del convenio firmado es que aunque la solicitud sea enviada inicialmente a una autoridad distinta al IEEM, ésta seguirá la misma Ruta Institucional aprobada, lo cual permite blindar el proceso y centralizar la atención de cada caso, incluso cuando la primera notificación ocurra en otro nivel de gobierno.

Un entorno político en alerta

No es casual que este protocolo se fortalezca justo ahora. En las últimas elecciones locales y federales del país, la violencia política ha dejado una estela de asesinatos, amenazas y desapariciones, muchas de ellas sin esclarecer. El Estado de México, aunque no ha sido de los más violentos en este sentido, no está exento de incidentes que vulneran la seguridad de candidaturas, sobre todo en regiones con conflictos de control territorial o disputas por el poder local.

La implementación de esta ruta no garantiza que los ataques desaparezcan, pero sí representa una herramienta institucional valiosa para disuadir, reaccionar y proteger, de manera articulada, a quienes se ven obligados a seguir haciendo campaña en medio de un entorno adverso.

Compromiso interinstitucional por la seguridad democrática

El convenio entre el IEEM, el Ejecutivo estatal y la Fiscalía es, en esencia, una apuesta por la prevención y la legalidad. Y es que no se trata solamente de proteger a personas específicas, sino de enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía: que el Estado está dispuesto a garantizar condiciones mínimas de seguridad para que la competencia electoral no se vea distorsionada por la violencia.

La colaboración entre instituciones no es automática ni sencilla, pero en este caso, se ha logrado establecer un protocolo que puede evolucionar conforme avance el proceso electoral y se identifiquen nuevas necesidades o zonas de mayor riesgo.

Transparencia y acceso a la información

Otro aspecto destacable es el carácter público de la información y los procedimientos. Al contar con formatos oficiales, sitios web actualizados y canales de contacto directos, el IEEM da un paso hacia la transparencia y la apertura institucional, dos elementos fundamentales para enfrentar los retos actuales de la democracia mexicana.

Además, esta estructura no solo es útil para candidaturas de partidos grandes. También abre la puerta a que personas postuladas por partidos pequeños, independientes o de comunidades indígenas puedan acceder a mecanismos de protección en igualdad de condiciones.

Un paso necesario para elecciones más seguras

Aunque no resuelve el problema estructural de la inseguridad en los procesos electorales, la medida del IEEM representa un avance concreto, urgente y necesario. Las elecciones no deben ser una sentencia de riesgo para quienes deciden participar. Por el contrario, deben ser un ejercicio libre y seguro, donde las ideas y las propuestas compitan, no las armas ni las amenazas.

En este escenario, la institucionalidad, la coordinación entre poderes y la voluntad política pueden hacer la diferencia entre una contienda democrática y una marcada por el miedo. Y este convenio es, sin duda, una señal de que la seguridad electoral puede y debe ser parte de la agenda prioritaria del Estado de México.