Lenguaje en tribunales sigue invisibilizando a sectores vulnerables; especialistas alertan en el IEEM que cambiar la forma de comunicar es clave para transformar la justicia en México hoy

En un momento en el que las instituciones enfrentan el reto de acercarse más a la ciudadanía, el lenguaje se ha colocado en el centro del debate. No es un tema menor. La manera en que se nombra la realidad también define quiénes son visibles y quiénes quedan al margen. Bajo esa premisa, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de su Unidad Coordinadora de Género (UCG), organizó la charla virtual “Comunicación judicial inclusiva”, dirigida a integrantes de la Red de Mujeres Juzgadoras Electas (RMJE).

El objetivo fue claro: fortalecer el uso del lenguaje incluyente en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y es que, en el ámbito judicial, cada palabra tiene peso. No solo describe hechos, también construye sentido, interpreta derechos y, en muchos casos, determina el alcance de la justicia.

La RMJE, integrada por mujeres electas al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México durante el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, se ha consolidado como un espacio de acompañamiento y formación. Desde ahí se busca dotar de herramientas prácticas a sus integrantes para identificar y atender fenómenos como la violencia política de género, además de brindar asesoría legal especializada.

Durante la sesión, la presentación estuvo a cargo de Vanessa Báez Escamilla, integrante de la UCG, quien subrayó la importancia de generar estos espacios de reflexión en un contexto donde las exigencias hacia el sistema judicial son cada vez más complejas. Posteriormente, la ponencia principal fue impartida por María José Bernal Ballesteros, Magistrada de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México.

En su intervención, Bernal Ballesteros abordó un punto que, aunque parece técnico, tiene implicaciones profundas: el lenguaje no es neutro. Es una herramienta que moldea la percepción social, influye en la cultura institucional y, en consecuencia, impacta en la forma en que se imparte justicia.

Explicó que el uso de expresiones incluyentes permite visibilizar a grupos históricamente relegados, como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores o integrantes de comunidades indígenas. Nombrarlos correctamente —dijo— no es un asunto de forma, sino de fondo. Es reconocer su existencia dentro del marco jurídico y garantizar que sus derechos sean considerados.

Además, señaló que el tradicional uso del masculino genérico ha sido una práctica normalizada durante décadas. Sin embargo, en un contexto de transformación social, resulta necesario cuestionar ese hábito. “Así como las leyes han evolucionado para eliminar disposiciones discriminatorias, la comunicación también debe hacerlo”, planteó.

La magistrada compartió recomendaciones concretas para la redacción de documentos oficiales y resoluciones judiciales. Entre ellas, destacó el uso de desdoblamientos como “las y los ciudadanos”, la preferencia por términos genéricos como “la ciudadanía” y la incorporación de palabras neutras como “persona”. También hizo énfasis en la importancia de nombrar correctamente cargos y profesiones en femenino y masculino, por ejemplo, “magistrada” o “ingeniera”, según corresponda.

Estos ajustes, aunque puedan parecer mínimos, tienen un efecto acumulativo. En conjunto, contribuyen a construir una narrativa institucional más incluyente, que refleje la diversidad social y evite reproducir estereotipos o prácticas discriminatorias.

El encuentro también dejó ver un cambio de enfoque dentro de las instituciones electorales y judiciales del Estado de México. Ya no se trata únicamente de garantizar procesos formales, sino de avanzar hacia una justicia que sea percibida como cercana, comprensible y legítima por la ciudadanía.

En ese sentido, el IEEM ha apostado por la capacitación continua como una herramienta estratégica. Sensibilizar a quienes imparten justicia sobre el impacto del lenguaje es, en los hechos, una forma de incidir en la calidad de las resoluciones y en la confianza pública.

Y es que, en un país donde persisten brechas de desigualdad, el lenguaje puede ser un puente o una barrera. Puede abrir puertas o cerrarlas. En el ámbito judicial, donde cada decisión tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, esa diferencia cobra especial relevancia.

La charla “Comunicación judicial inclusiva” se inscribe, así, en una serie de esfuerzos orientados a transformar no solo las prácticas, sino también las estructuras culturales que han marcado históricamente el ejercicio del poder. No es un cambio inmediato, pero sí un proceso que comienza, precisamente, con la forma en que se nombran las cosas.

Al cierre, el mensaje fue consistente: avanzar hacia una justicia igualitaria implica revisar incluso los aspectos más cotidianos del ejercicio institucional. El lenguaje, en ese sentido, deja de ser un elemento accesorio para convertirse en una herramienta clave de transformación social.

En el Estado de México, al menos desde estos espacios de formación, el debate ya está sobre la mesa. Y, poco a poco, comienza a traducirse en acciones concretas.