Rocha Moya quizá nunca fue el objetivo real: pudo ser solo la carnada para medir el nivel de protección política al narco en México

Sí, muchos nos fuimos con la finta, ni para qué negarlo. Cuando supimos que la justicia estadounidense iba tras el gobernador morenista y lopezobradorista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la palabra extradición inundó las redes sociales y los medios de todo tipo. El primer gobernador en funciones que era requerido por las autoridades del vecino del norte no era para menos. El problema es un pequeño detalle: Estados Unidos no pidió la extradición, sino la captura con fines de extradición y, aunque pequeño, ese detalle cambia mucho de lo que está pasando.

La primera reacción a la noticia fue de la euforia opositora hasta la indignación oficialista; pasando, por supuesto, por la sorpresa que implicaba el hecho en sí mismo. No es que como sociedad no supiéramos o, al menos, tuviéramos sospechas de que el gobernador de Sinaloa (entre otros funcionarios y políticos mexicanos) estaba bajo una investigación del gobierno estadounidense, más aún tras la traición al “Mayo” Zambada y la curiosa e inexplicable entrega a las autoridades de ese país de Ovidio Guzmán y su familia. Lo que nos sorprendió es que actuaran mientras Rocha Moya seguía siendo gobernador, es decir, que lo inaudito fue que no esperaran a que dejara el cargo para detenerlo, como han actuado en otras ocasiones.

La respuesta inmediata vino del baúl de la vieja confiable: “no se protegerá a nadie que haya incurrido en una ilegalidad”, pero reforzada por la siempre fiel “no injerencia extranjera y la defensa de la soberanía nacional”. El discurso encontró eco donde siempre y topó con pared en el mismo lugar, y la discusión comenzó a girar en torno a nacionalismos ramplones, acusaciones veladas de corrupción y advertencias indirectas, pero muy directas, para quienes, real o parte del imaginario colectivo, pudieran tener otra investigación abierta en su contra en aquel país.

Para aderezar el conflicto, Morena nacional pasaba por un complicado movimiento de “renovación”, un enroque político que buscaba enviar un claro mensaje sobre quién mantiene el control del partido aunque ya no vaya a los mítines ni haga declaraciones estridentes. Basta conocer el tamaño de cercanía que tiene Ariadna Montiel con el expresidente para saber que, en la víspera de una nueva elección, las decisiones y candidaturas se tomarán en donde el partido siempre las ha tomado, y que las encuestas apuntarán hacia donde señale aquel “dedito” consejero. Para que nadie se equivoque: señales más que claras respecto a lo que ocurre en la cúpula del morenismo, donde se empezaba a creer y confiar en que tendrían algún margen de decisión… ternuritas.

Como sea, el anuncio de la solicitud estadounidense cayó como balde de agua fría en medio de lo que se esperaba que fuera una celebración, pero terminó pareciendo un trágico funeral en el que las porras, más que festejos, semejaban grupos de autoayuda tratando de motivarse entre unos y otros; más todavía, después de que el gobernador sinaloense renunciara a su cargo solo un par de días después de haber anunciado que no lo haría y unas horas antes de iniciar el Congreso Nacional Extraordinario del partido guinda.

Pero entre todo esto o, quizá, precisamente por todo esto, casi nadie se percató de un pequeño detalle: no era una solicitud de extradición para Rubén Rocha Moya y otros nueve distinguidos políticos morenistas sinaloenses; se trataba en realidad de una solicitud de captura con fines de extradición. Es decir, no era un pedimento de entrega del gobernador, sino solo de su detención en lo que la justicia estadounidense determina si en realidad hay elementos suficientes para ejecutar, ahora sí, una extradición. Y es que ese pequeño detalle lo cambia todo.

Vayamos al origen. La investigación hacia Rocha Moya y compañía surge, hasta donde se sabe, de los señalamientos que se hicieron respecto a que una presunta reunión con el gobernador sinaloense habría sido la carnada utilizada el día que Ismael “Mayo” Zambada fue traicionado y entregado a las autoridades estadounidenses. Posteriormente vino la entrega voluntaria del hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio, y el posterior traslado de su familia a tierras norteamericanas. “¿Qué no sabrán estos dos sujetos sobre las relaciones del narco y la política?”, “seguro ya cantan como canarios” eran, en esencia, las frases que resumían el imaginario colectivo nacional y, quizá, tenían razón.

El problema para las autoridades estadounidenses era, hasta ese momento, saber si la información que estaban recibiendo era real y, por lo tanto, confiable, lo suficiente para que valiera la pena mantener el acuerdo con los denunciantes (o denunciante, no necesitan que sean muchos) y entonces sí, estar ciertos de que lo que se les ha dicho respecto al nivel y alcance de infiltración de la delincuencia en el gobierno es del tamaño que les han contado.

Desde esta perspectiva y posibilidad, Rocha Moya no sería el objetivo, sino el señuelo. Sería posible, entonces, que nunca se hubiera tratado de la intención de extraditar al gobernador sinaloense, sino solo de ver las reacciones del entorno político para determinar la fiabilidad de la información recabada. Bajo este supuesto, si las autoridades cooperaban rápida y diligentemente, se sabría que la información era falsa porque la respuesta para combatir a un posible político corrupto fue la esperada; en contraparte, si se le defendiera o apoyara, habría, al menos, indicios de que la colusión y corrupción han llegado a los niveles que los informantes indicaron.

Bajo esta óptica, cambia el sentido del mensaje emitido por las autoridades estadounidenses tras el anuncio de la solicitud de captura con fines de extradición: “Let these charges send a clear message to all officials around the globe who work with narco-traffickers: no matter your title or position, we are committed to bringing you to justice” (“Que estas acusaciones sirvan de mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”).

Como sea, parece que el movimiento obligará, no solo a Morena, sino a todos los partidos, a ser más cuidadosos con la selección de sus candidatos; nadie se puede dar el lujo de proponer para 2027 y posiblemente hasta 2030 a aspirantes a puestos de elección popular que tengan vínculos con la delincuencia. Más todavía, no pueden arriesgarse, en este momento, a postular a quienes siquiera tengan señalamientos serios de estos posibles vínculos porque sí, esa sola postulación podría estallarles en la cara justo en medio del proceso electoral.

Si el gobierno estadounidense usó a Rocha Moya y compañía como carnada para confirmar o desmentir la información que hayan proporcionado los informantes, las subsecuentes acciones del gobierno tras el señuelo podrían enviar el mensaje equivocado y el último mensaje/amenaza de intervencionismo enviado por Donald Trump podría ser el indicador de que las peores sospechas se han confirmado. Las siguientes acciones del gobierno respecto al caso Rocha Moya serán fundamentales para la conclusión de esta nueva crisis política entre ambos países.