¿Politizar la justicia? La reforma del Poder Judicial podría complicar aún más que la justicia llegue a todos, excepto a los amigos del régimen

José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

El modelo de la transición mexicana hacia la democracia se ha visto sacudido a lo largo de las semanas recientes por dos asuntos de gran relevancia: en primer lugar, la discusión sobre la interpretación legal de los límites de la sobrerrepresentación en la distribución de escaños de representación proporcional y, en segundo lugar, las iniciativas de reforma que se discutirán a la brevedad en el legislativo, las cuales incluyen la desaparición de órganos autónomos (INAI, CONEVAL, COFECE, etcétera) y cambios profundos en el Poder Judicial.

En ambos casos se han expuesto argumentos ideológicos a favor y en contra; sin embargo, la mayoría legislativa tan aplastante que el oficialismo obtuvo en las elecciones recientes hace suponer que, en lo general, serán aprobados los cambios sin mucha resistencia de la debilitada oposición partidista.

En el caso particular de la reforma al Poder Judicial, hay varios puntos a señalar:

• En primer lugar, es una reforma de gran calado que busca una transformación profunda del sistema de poderes en su conjunto, con todas las implicaciones que eso tiene.

• En segundo lugar, las consecuencias jurídicas, políticas e incluso económicas serán inevitables tanto en el corto como en el largo plazo.
  
• En tercer lugar, hay que tomar en cuenta los alcances de las premisas centrales de la iniciativa: la elección de personas juzgadoras por voto popular, la creación de un nuevo órgano de administración judicial, la creación de un tribunal de disciplina judicial y cambios procesales para garantizar una justicia pronta y expedita.
  
• En cuarto lugar, hay que considerar la falta de confianza que la ciudadanía tiene en general acerca de la impartición de justicia en nuestro país, incluyendo la labor de los jueces, pero también de las fiscalías, sobre todo en lo que compete a las entidades federativas.

• Finalmente, hay que considerar la coyuntura política que favorece de forma determinante al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, sobre todo en lo que respecta a los resultados electorales de este año.
  

Los factores anteriores obligan a una profunda reflexión acerca de las consecuencias de la iniciativa, poniendo atención en el hecho de valorar si vale la pena politizar formalmente la acción de impartir justicia. Sin duda alguna, el trabajo del Poder Judicial debe ser estudiado y reformado en aras del beneficio de la colectividad, tanto para las mayorías como para las minorías.

En ese sentido, el diagnóstico sobre los problemas de corrupción e ineficacia parece ser correcto; sin embargo, vale la pena preguntarse si el contenido de la iniciativa de reforma atiende verdaderamente a estos temas o si eventualmente puede hacer más difícil que la justicia llegue a todos, no solo a los amigos del régimen.