El INAI, cuestionado por el gobierno, enfrenta su mayor crisis. ¿Será este el fin de la transparencia en México?

El sistema político mexicano ha adolecido históricamente de medios que permitan a la ciudadanía acceder a información sobre el actuar de las instituciones públicas. Si hacemos un análisis historiográfico del siglo XX, contrastando las atribuciones de los poderes públicos con las capacidades de vigilancia ciudadana, es evidente una enorme asimetría, derivada de los siguientes factores:

• Primero, la institucionalización de un partido de Estado que aglutinaba a los liderazgos de los caudillos revolucionarios generó un entorno muy limitado para la inclusión de sectores sociales fuera de las estructuras corporativas consolidadas en la década de los treinta.

• Segundo, la distribución del poder político permitió una eficiente circulación de élites, facilitando el reparto de espacios de poder entre actores políticos alineados al régimen.

• Tercero, los procesos administrativos, durante buena parte del siglo XX, se caracterizaron por su falta de complejidad, lo que incentivaba la discrecionalidad. No fue sino hasta finales del siglo pasado, con el ascenso de la tecnocracia neoliberal, que se modernizaron las capacidades del Estado para maximizar la eficiencia de los funcionarios públicos.

Con el tiempo, la mayor distribución del poder entre actores políticos trajo consigo crecientes exigencias de acceso a información sobre los criterios para la toma de decisiones públicas. La alternancia en el poder y el ascenso de una sociedad civil más organizada resultaron en la creación de un modelo estatal que incorporó instancias administrativas con distintos niveles de autonomía, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El INAI, fundado en junio de 2002 como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), adquirió su denominación actual tras la reforma constitucional de 2014. Este organismo tiene como objetivo garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a la transparencia, proporcionando herramientas para exigir el cumplimiento de normas legales y responsabilidades administrativas. Asimismo, el INAI supervisa el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, fundamental en una sociedad global y digital, donde la privacidad enfrenta constantes riesgos.

Desde su creación, el INAI ha sido clave en la defensa del derecho a la transparencia y la privacidad. Sin embargo, es una institución imperfecta que hoy se encuentra en el centro de cuestionamientos por parte de las autoridades políticas del país, lo que pone en riesgo su existencia. Si bien sería deseable que la ciudadanía evaluara sus fortalezas y debilidades para delinear rutas de mejora, el panorama actual parece cada vez más adverso tanto para el INAI como para otros órganos autónomos.