La transparencia queda en manos del gobierno: el INAI desaparece, su relevo genera dudas y el acceso a la información podría volverse un privilegio, no un derecho

A principios de febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de transparencia, la cual ha generado múltiples debates entre distintos actores desde el año pasado.

Como la mayoría de las reformas constitucionales presentadas por MORENA desde que goza de una amplia mayoría legislativa (2018 hasta la fecha), esta reforma se ha caracterizado por plantearse como una necesidad de cambio profundo en las instituciones del régimen político nacional. Para ello, al igual que en otras reformas, se han esgrimido dos argumentos centrales:

1. Las reglas institucionales que han dado forma a las instituciones de transparencia en México son producto del contubernio entre grupos privilegiados en los ámbitos privado y político.
2. Es necesaria una simplificación administrativa para erradicar los gastos onerosos de funcionarios que no aportan nada al bienestar del pueblo.

Estas dos ideas, que sostienen la narrativa del oficialismo, se han traducido en la reforma que el gobierno fundamenta en tres ejes: fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, consolidación del Sistema Nacional de Transparencia y otorgamiento de nuevas facultades al organismo garante de la transparencia a nivel nacional.

Sin embargo, estos cambios han implicado, entre otras cosas, la desaparición del INAI, cuyas funciones serán transferidas a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha cumplido en los últimos años con dos mandatos constitucionales muy claros: garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

En cuanto a la información que se ha hecho pública gracias a la intervención del INAI, destacan los siguientes casos:

• Tlatlaya: El INAI ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) informar sobre la averiguación previa del caso Tlatlaya, Estado de México, donde civiles fueron asesinados con participación del Ejército en 2014.

• Odebrecht: El INAI instruyó a Pemex a revelar información sobre los sobornos millonarios recibidos por altos funcionarios de la empresa.
• La Estafa Maestra: A través de 252 quejas tramitadas ante el INAI, periodistas investigaron y expusieron el conflicto de interés que marcó el final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
• Segalmex: El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar información sobre las denuncias interpuestas contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

No obstante, esta institución no ha estado exenta de escándalos y cierra su ciclo envuelta en acusaciones graves. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado actos de corrupción en su interior, que van desde el uso de recursos públicos para gastos personales por parte de comisionados y funcionarios hasta extorsiones para evadir sanciones (como la acusación presentada por la Federación Mexicana de Fútbol).

Desafortunadamente, estos señalamientos marcan el fin de una institución que se desmorona tanto por dentro como por fuera, dejando en la incertidumbre los resultados del nuevo modelo de transparencia y acceso a la información pública que vendrá en el futuro.