México prefiere desmentir a la ONU antes que aceptar su responsabilidad en desapariciones forzadas. ¿El Estado encubre o simplemente no quiere buscar?

Las desapariciones de personas en México se ha convertido en un asunto de interés público, no solo por la magnitud del problema —según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, hay más de 120 mil casos registrados, de los cuales el 88 por ciento corresponde al periodo de 2000 a 2024—, sino también por la crueldad de los métodos utilizados en el proceso de desaparición.

Los factores que inciden significativamente en el incremento de estos casos son:

• El empoderamiento y control ampliado de grupos del crimen organizado.
• La complicidad de las autoridades policiacas en distintos niveles.
• La indiferencia de los funcionarios gubernamentales.

Es importante señalar que el enfoque actual del ojo público sobre este tema se debe en gran medida a las denuncias de los colectivos de personas buscadoras, quienes, a pesar de los obstáculos y de la indiferencia institucional, han desarrollado una tarea encomiable. Sin su búsqueda y denuncia, muchos de los casos documentados seguirían en el anonimato.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, determinó iniciar un procedimiento para analizar las desapariciones forzadas en México, las cuales —según su diagnóstico— tienen un carácter sistemático y generalizado. Es decir, resulta improbable que se trate de casos fortuitos, ya que se detectan regularidades tanto en los perfiles como en las características de las desapariciones, dirigidas hacia un número significativo de personas.

En otras palabras, debido a la magnitud del problema y a la incapacidad del Estado mexicano para atenderlo eficazmente, se ha activado el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tratado al que México está adscrito.

La reacción del gobierno mexicano no pudo ser más desatinada: a través del Senado se emitió un pronunciamiento en el que se cuestiona la decisión de la ONU y, además, se solicitó la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité, bajo el argumento de que las desapariciones en México no son responsabilidad del Estado. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum negó dicha responsabilidad y atribuyó los actos exclusivamente a la delincuencia organizada, al tiempo que destacó los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad para atender el tema.

También propuso estrategias y reformas legales para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, así como el fortalecimiento de las capacidades forenses para identificar cuerpos hallados. Se comprometió, además, a establecer un diálogo con los grupos de búsqueda.

La respuesta de estos colectivos ha sido de respaldo a la determinación de la ONU y de disposición al diálogo con las autoridades. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha concretado una estrategia clara que brinde confianza a quienes siguen sin saber nada de sus familiares y amigos. Por ello, no se vislumbra una salida clara en el corto plazo.