Tragedias en Atlacomulco e Iztapalapa exhiben negligencia institucional y falta de prevención, dejando dolorosas muertes y cuestionando la capacidad real de protección civil

Durante esta semana los medios de comunicación nos mostraron el dolor de las tragedias humanas. En primer lugar, el lunes 8 de septiembre, un camión fue embestido por el tren en su intento de atravesar las vías; el segundo caso fue el de la explosión de una pipa de gas que derramó su contenido generando una explosión que afectó a las personas alrededor.

El primer caso sucedió en el norte del Estado de México, específicamente en el municipio de Atlacomulco. El segundo caso tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre, bajo el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, en las vialidades que conectan a la capital del país con los municipios mexiquenses de la zona oriente. Las escenas de ambas tragedias son desgarradoras, pero lo son aún más las narrativas y relatos de las víctimas que, con el paso de las horas y los días, se van haciendo públicos.

La vulnerabilidad humana frente a eventos desastrosos queda en evidencia con los relatos que van desde el dolor y la incredulidad de familiares de las víctimas, pasando por los gestos de solidaridad de vecinos y cuerpos de seguridad que reaccionan en la medida de sus posibilidades para apoyar a quienes fueron lesionados en los eventos.

También ambos casos nos obligan a reflexionar sobre las capacidades institucionales para prevenir eventos desastrosos como los mencionados y, al mismo tiempo, brindar atención a las personas afectadas. De igual manera, otro nivel de atención consiste en garantizar la reparación del daño y la implementación de medidas que impidan la impunidad y garanticen el acceso a la justicia y la no repetición de eventos trágicos.

Debido a lo anterior, se hace necesario que las instituciones públicas de salud dispongan de los medios adecuados (infraestructura, personal capacitado y medicamentos) para brindar atención digna a la población. La capacitación y preparación frente a los desastres naturales y humanos puede hacer la diferencia para salvar muchas vidas, brindando mejores respuestas a las situaciones de emergencia.

Otra dimensión de las capacidades institucionales tiene que ver con la prevención de situaciones de riesgo mediante el diseño de protocolos pertinentes, que exista la aplicación de normas a través de las que se vigile el cumplimiento de actividades que pudieran poner en riesgo a la población. El fortalecimiento de la protección civil puede hacer una diferencia sustantiva en beneficio de la sociedad.

También resulta indispensable la vigencia del Estado de derecho; este es el medio a través del cual se pueden implementar sanciones a quienes resulten responsables de actos que afecten la seguridad y la integridad de las personas, protegiendo en todo momento los derechos de las víctimas y estableciendo pautas de respeto a las leyes vigentes.

Los casos mencionados vuelven a poner el dedo en la llaga y nos confrontan con la necesidad de políticas de prevención y protección de las vidas humanas, lo cual implica coordinación de niveles de gobierno, presupuesto y capacitación pertinente para atender situaciones de riesgo para la seguridad de las personas.