Desaparece el INAI y con él, la transparencia. Sin información pública ni protección de datos, el poder tendrá las manos libres para el abuso

La inevitable extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en cumplimiento de los cambios constitucionales promovidos por la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), obliga a una reflexión sobre el cierre de esta institución en el marco de la polarización política que enfrenta la opinión pública:

• En primer lugar, resulta lamentable el ambiente de confrontación entre las personas comisionadas que integran el pleno del INAI. Inmersos en acusaciones mutuas y sin posibilidad de un diálogo respetuoso y productivo, dejan un amargo sabor de boca ante la ciudadanía.
• En segundo lugar, la incertidumbre laboral del personal adscrito a esta institución ha derivado en manifestaciones públicas de trabajadores y trabajadoras que reclaman certidumbre sobre su futuro. La reforma implica el traslado de funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, lo que sin duda se traducirá en la reducción de plazas. Aunque eventualmente algunos puestos podrían ser absorbidos por la nueva Secretaría, muchas personas podrían perder su empleo.

• En tercer lugar, no queda clara la trayectoria que seguirán las investigaciones sobre corrupción, abusos y malas prácticas dentro del extinto INAI. Estas involucran a excomisionados y funcionarios de alto nivel acusados de uso indebido de recursos públicos e incluso de presuntas extorsiones a empresas privadas.
• En cuarto lugar, he dejado para el final un tema cuya importancia debería ser prioritaria en la agenda nacional: el manejo de la información pública y el resguardo de los datos personales. Por mandato de ley, el INAI tenía la responsabilidad de administrar la Plataforma Nacional de Transparencia, que no solo permitía gestionar solicitudes de acceso a la información pública, sino que también funcionaba como un repositorio de datos personales y documentos. Sin mecanismos especializados de protección, esta información podría quedar vulnerable ante eventuales ataques cibernéticos. Además, la plataforma requiere una actualización constante para garantizar el acceso efectivo a la información pública, como lo establece nuestra Constitución.

Más allá de los efectos del cambio en el sistema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, es fundamental recordar la responsabilidad del Estado de preservar el principio de máxima publicidad y garantizar la privacidad de la información no pública de los ciudadanos. Si no se cumple con esta condición, la reforma habrá fracasado estrepitosamente.