Tras años de precariedad, periodistas mexiquenses podrían acceder a salud, seguridad social y apoyos, en medio de una reforma impulsada por el gobierno estatal

En un contexto donde ejercer el periodismo implica no solo vocación, sino también enfrentar condiciones laborales complejas, el Gobierno del Estado de México avanza en la construcción de una Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, que busca ampliar los apoyos más allá de la seguridad física.

La propuesta, impulsada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, incorpora iniciativas como acceso a servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y procesos de profesionalización. Se trata, según se informó, de una respuesta a demandas planteadas directamente por integrantes del gremio en distintos espacios de diálogo.

Durante la conmemoración del 214 aniversario de la primera edición de El Ilustrador Nacional y del Día del Periodista Mexiquense, realizada en el municipio de Sultepec, la coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno estatal, Nayeli Gómez Castillo, explicó que estas propuestas surgieron de foros regionales donde periodistas expresaron necesidades que, en muchos casos, habían permanecido sin atención durante años.

El planteamiento, dijo, no se limita a reforzar esquemas de protección ante riesgos físicos. Va más allá. Y es que, de acuerdo con lo expuesto, el gremio ha insistido en la necesidad de contar con condiciones mínimas de bienestar que permitan ejercer el oficio con mayor estabilidad.

“Se trata de una iniciativa que nació de un diálogo profundo y directo con ustedes”, señaló Gómez Castillo ante periodistas reunidos en la ceremonia. La funcionaria subrayó que las propuestas recogidas reflejan una preocupación compartida: la precariedad laboral que enfrenta una parte importante del sector.

En ese sentido, adelantó que en los próximos días se impulsarán mesas de trabajo para avanzar en la consolidación de la reforma. El objetivo, explicó, es construir un marco normativo que responda a las condiciones actuales del ejercicio periodístico, marcado por transformaciones tecnológicas, nuevas dinámicas informativas y riesgos persistentes.

Como parte de las acciones iniciales, el gobierno estatal ha gestionado el acceso a servicios de salud para periodistas. De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos meses se concretaron 128 incorporaciones al programa IMSS-Bienestar, además de 17 registros en el esquema de IMSS para periodistas por cuenta propia.

Aunque se trata de un primer paso, el dato ilustra una realidad que durante años ha sido señalada por el gremio: la falta de acceso a seguridad social. Para muchos comunicadores independientes, este tipo de cobertura no ha sido una opción, sino una ausencia constante.

Además, la funcionaria destacó otros avances en materia de protección. Entre ellos, la derogación del delito de ultraje en el Código Penal estatal, una figura que, según se explicó, era utilizada para inhibir la crítica. Su eliminación fue presentada como una medida orientada a evitar la criminalización del ejercicio periodístico y a fortalecer la libertad de expresión.

En paralelo, se informó que la cobertura de protección estatal para periodistas y personas defensoras de derechos humanos pasó de 15 a 135 beneficiarios. Asimismo, en casi tres años de administración, las medidas implementadas han brindado apoyo a mil 646 personas.

Sin embargo, el contexto en el que se plantea esta reforma no es menor. Durante su intervención, Gómez Castillo hizo referencia a un entorno informativo cada vez más complejo, donde la desinformación y la sobreabundancia de contenidos dificultan la tarea de distinguir entre lo verdadero y lo falso.

En ese escenario, sostuvo, el periodismo cumple una función esencial. “La sociedad necesita una brújula, necesita al periodismo”, expresó, al destacar que el acceso a información verificada permite a la ciudadanía tomar decisiones y exigir rendición de cuentas.

La jornada también tuvo un componente simbólico. Previo al evento principal, se realizó una guardia de honor en la fachada de la casa de José María Cos, considerado el creador de El Ilustrador Nacional. El acto reunió a representantes de los tres poderes del Estado, así como a autoridades municipales y militares.

Estuvieron presentes José Alberto Mejía Santa Olalla, presidente municipal de Sultepec; Javier Cruz Jaramillo, diputado local por el Distrito X Valle de Bravo; Víctor Hugo Ramírez Cruz, integrante de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca; y el teniente de infantería Rodolfo Tovar García, en representación de la 22 Zona Militar.

La conmemoración, además de recordar el origen histórico del periodismo insurgente en México, funcionó como un espacio para plantear los retos actuales del oficio. Entre ellos, la necesidad de fortalecer condiciones laborales, garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, preservar la calidad informativa en un entorno digital que exige inmediatez.

El proceso de reforma, aún en construcción, abre una etapa de discusión en la que el gremio tendrá un papel activo. Las mesas de trabajo anunciadas buscan precisamente eso: recoger inquietudes, ajustar propuestas y, eventualmente, consolidar un marco legal que responda a una realidad cambiante.

Por ahora, el mensaje institucional apunta a reconocer al periodismo como un actor relevante en la vida pública. Un actor que, pese a las dificultades, continúa desempeñando una función central en la sociedad mexiquense.