Voto universal, nuevos derechos y más representación: la propuesta para reformar la Ley de la UAEMéx busca transformar la vida institucional de fondo
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) avanza en la construcción de un nuevo marco jurídico que busca actualizar su funcionamiento institucional, fortalecer su autonomía y ampliar los mecanismos de participación de la comunidad universitaria.
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De acuerdo con la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, el Anteproyecto de Reforma a la Ley de la UAEMéx representa una oportunidad histórica para modernizar la legislación que regula a la Máxima Casa de Estudios mexiquense y adecuarla a los desafíos que enfrenta actualmente la educación superior.
La propuesta contempla una transformación profunda en distintos ámbitos de la vida universitaria. Integrado por siete títulos y 186 artículos, el documento busca armonizar la normativa institucional con los marcos jurídicos nacionales e internacionales, además de incorporar herramientas que permitan responder de mejor manera a las nuevas exigencias académicas, sociales y administrativas.
Sales Sánchez explicó que el objetivo central es contar con una legislación sólida que fortalezca las funciones sustantivas de la Universidad: la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.
La reforma adquiere especial relevancia en un contexto donde las universidades públicas enfrentan retos relacionados con la gobernanza institucional, la transparencia, la inclusión y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de sus comunidades. En ese escenario, la UAEMéx busca construir una legislación que responda a las demandas actuales sin perder de vista su carácter autónomo.
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Uno de los aspectos que ha generado mayor interés dentro de la comunidad universitaria es el fortalecimiento de la democracia interna. El Anteproyecto plantea la implementación del voto universal, directo, secreto y vinculante para la elección de autoridades universitarias, una medida que busca ampliar la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en los procesos de toma de decisiones.
La propuesta también considera una modificación en la integración del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución. Actualmente, algunos espacios académicos participan únicamente con voz; sin embargo, el nuevo esquema permitiría que estos sectores también cuenten con voto, ampliando así la representación dentro de los órganos colegiados.
Además de los cambios en materia de gobernanza, el documento incorpora nuevos principios y derechos universitarios. Entre ellos destacan la libertad académica, la libertad de expresión, la honestidad académica, la igualdad de género, la inclusión, el bienestar, los cuidados, la sustentabilidad y el acceso abierto al conocimiento.
Estos elementos buscan consolidar una visión institucional acorde con las transformaciones sociales y educativas de las últimas décadas, fortaleciendo los derechos de quienes integran la comunidad universitaria y estableciendo principios que orienten el desarrollo futuro de la institución.
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Otro de los ejes relevantes de la iniciativa es la creación de nuevas instancias orientadas a fortalecer la vida democrática y la protección de derechos dentro de la Universidad.
El Anteproyecto contempla la conformación de un órgano electoral universitario encargado de organizar y garantizar la legalidad de los procesos internos, así como la creación de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria que tendría entre sus objetivos promover el respeto a los derechos humanos, prevenir conductas contrarias a los valores institucionales y fomentar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.
En materia de transparencia, la propuesta incorpora un capítulo específico relacionado con el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, plantea medidas orientadas a fortalecer la rendición de cuentas, la responsabilidad institucional y las buenas prácticas administrativas.
La iniciativa también busca reforzar aspectos vinculados con la calidad educativa y el desarrollo académico. Entre las disposiciones contempladas se encuentran mecanismos para impulsar la investigación científica, la innovación tecnológica, la internacionalización y la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad financiera de la Universidad.
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De igual manera, se incluyen herramientas para mejorar la vigilancia y supervisión del uso de los recursos institucionales, con el propósito de garantizar una administración más eficiente y transparente.
Un elemento destacado durante el proceso de elaboración del Anteproyecto ha sido la participación de la comunidad universitaria. Sales Sánchez recordó que la construcción de la propuesta comenzó con un diagnóstico participativo realizado mediante foros regionales, encuentros sindicales, consultas con áreas de administración central y mecanismos digitales abiertos a la comunidad.
Según explicó, las aportaciones recabadas durante estas etapas permitieron identificar necesidades, preocupaciones y áreas de oportunidad que fueron incorporadas al documento.
En este ejercicio, el sector estudiantil ha mantenido una participación significativa. De acuerdo con la Consejería Jurídica Universitaria, las y los estudiantes han concentrado el mayor número de propuestas tanto en la fase de diagnóstico como en la consulta pública actualmente en desarrollo.
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La funcionaria universitaria subrayó la importancia de que más integrantes de la comunidad participen en este proceso, al considerar que la construcción de una nueva legislación requiere del involucramiento colectivo de quienes forman parte de la institución.
Por ello, la UAEMéx mantiene abierta la consulta pública del Anteproyecto de Reforma a su Ley, con el propósito de recibir observaciones, comentarios y propuestas que contribuyan a enriquecer el documento antes de su eventual presentación formal.
La consulta se realiza a través de una plataforma digital habilitada por la Consejería Jurídica Universitaria, además de sesiones abiertas que continuarán desarrollándose en distintos espacios académicos de la institución.
Con este proceso, la Universidad busca construir un nuevo marco normativo que fortalezca su autonomía, amplíe los mecanismos de participación democrática y responda a los desafíos que enfrenta la educación superior en el Estado de México y el país, en una etapa que podría marcar el rumbo institucional de las próximas generaciones universitarias.
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