Quieren revivir el registro PANAUT sin garantías; el gobierno podrá bloquear plataformas y controlar datos sin transparencia ni límites claros

Ha sido bastante polémica la iniciativa de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión promovida por la mayoría oficialista en el poder legislativo, sobre todo en dos aspectos importantes: los posibles riesgos de censura a medios de comunicación críticos y a ciudadanos, así como la posibilidad de disponer de información sensible de la población sin garantías de seguridad en el resguardo y uso de los datos de millones de mexicanos. En esta oportunidad me concentraré en el segundo tema para explorar las ventajas y desventajas de la propuesta, ya que el debate público se ha concentrado principalmente en el primer punto, dejando de lado la discusión sobre la privacidad.

En primer lugar, hay que señalar que la justificación de esta reforma es la necesidad de garantizar el acceso a Internet por parte de 15 millones de mexicanos y mexicanas. Aunado a esto, un mensaje difundido por medios televisivos privados, en el cual el gobierno de los Estados Unidos amenazaba con la deportación a personas interesadas en migrar a su territorio, impulsó la necesidad de presentar la reforma de manera casi automática.

Las premisas centrales de la iniciativa se centran en la transferencia de las funciones de la Comisión de Competencia Económica (COFECE) a la Comisión Antimonopolio de nueva creación; por otro lado, las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, se argumenta la recuperación del derecho de las audiencias a la información veraz y el fortalecimiento de las radios comunitarias. Al mismo tiempo, se permite que la Comisión Federal de Electricidad brinde servicio de internet en zonas sin cobertura de privados.

Sin embargo, hay que señalar que algunas organizaciones, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), han señalado algunos riesgos del proyecto de reforma en los siguientes puntos:

Se ha señalado que su redacción otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales a solicitud de las autoridades competentes. Una medida de esta naturaleza implicaría el riesgo de restricciones a la libertad de expresión en internet. Según la R3D, el bloqueo de plataformas digitales es una medida extrema, contradictoria con los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También la reforma otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de expedir los lineamientos del registro de usuarios del servicio de telefonía móvil, el cual busca revivir el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), mismo que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. Al igual que en esa propuesta, el proyecto de reforma actual no señala con precisión cuáles son las autoridades con acceso a la información ni los mecanismos de resguardo de los datos.

Sin duda alguna, el debate se encuentra sobre la mesa, pero hay que tomar en cuenta los puntos señalados por organizaciones como R3D.