El Consejo Universitario de la Uaeméx aprobó eliminar la obligación directa de informar acuerdos; ahora consejeros decidirán cómo, cuándo y con qué límites comunican a sus representados

En un movimiento institucional de gran relevancia para la vida democrática de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaeméx), el H. Consejo Universitario aprobó —en sesión extraordinaria— una reforma al Artículo 111 del Estatuto Universitario, el cual regula los derechos y deberes de las y los consejeros universitarios ante órganos de gobierno y comisiones académicas.

Con el respaldo mayoritario del pleno, se derogó la fracción VIII, que hasta ahora establecía como obligación de los consejeros universitarios informar a su comunidad los acuerdos tomados en el Consejo. En su lugar, se añadió una nueva fracción IX, que matiza esa responsabilidad bajo un enfoque más flexible, con énfasis en la protección de datos personales y en mecanismos de comunicación acordados junto con las autoridades de cada espacio académico.

La medida ha sido interpretada desde diversas ópticas: mientras algunos sectores destacan la apertura al diálogo y la actualización normativa, otros expresan inquietud por lo que consideran una “desresponsabilización” del deber informativo.

¿Qué cambió en el Artículo 111?

Hasta antes de esta reforma, la fracción VIII del artículo 111 obligaba a cada consejero o consejera a mantener informada a su comunidad representada sobre los acuerdos tomados por el Consejo Universitario. No había matices, excepciones ni regulaciones específicas sobre cómo, cuándo ni con qué límites debía hacerse esa rendición de cuentas.

Ahora, tras la modificación, se elimina esa fracción y se integra una nueva, la IX, que establece lo siguiente:

“Hacer del conocimiento de sus representados aquellos asuntos que sean sometidos a Consejo o a las comisiones de las que formen parte, así como los acuerdos que se tomen, salvaguardando en todo momento la protección de los datos personales y privacidad de las personas”.

Además, la norma señala que será la persona titular del espacio universitario, en conjunto con los consejeros, quien determine los mecanismos más adecuados para facilitar la comunicación interna. Esto abre la puerta a esquemas diversos: desde asambleas periódicas hasta informes digitales o buzones de retroalimentación, todo en función de las características de cada facultad, preparatoria o centro universitario.

Un cambio con sustento en la participación

La modificación no surgió de manera unilateral. Fue el resultado de un ejercicio de consulta universitaria que involucró a 7 mil 774 personas, lo que convierte a esta jornada en la más participativa en la historia de la Uaeméx.

Estudiantes de diversos planteles plantearon la necesidad de revisar y actualizar el marco normativo para garantizar una comunicación más equilibrada y respetuosa de la privacidad. Las autoridades universitarias recogieron estas inquietudes en el marco de la reforma más amplia al Estatuto, aprobada el pasado 4 de julio, y que busca fortalecer la gobernanza interna bajo principios de inclusión y legalidad.

“Se trata de una actualización indispensable. En tiempos donde los datos personales y la privacidad son temas sensibles, no podemos seguir con normas redactadas en otro contexto”, expresó un consejero estudiantil durante la sesión.

¿Más transparencia o menos responsabilidad?

La reforma ha generado también un debate natural dentro de la comunidad universitaria. Para algunos sectores críticos, eliminar la obligación explícita de informar puede derivar en una reducción del acceso efectivo a la información sobre decisiones relevantes del Consejo.

“Las y los consejeros deben representar, pero también rendir cuentas. Este cambio, si no se vigila, podría debilitar la rendición de cuentas directa”, comentó un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pidió anonimato.

Por otro lado, quienes apoyan la reforma aseguran que no elimina la obligación de informar, sino que la reformula con mayor precisión, protegiendo los derechos individuales y permitiendo esquemas adaptados a cada comunidad.

La clave —coinciden varios sectores— estará en la implementación práctica: cómo se definen y supervisan los mecanismos de comunicación acordados entre consejeros y titulares de espacios universitarios, y si estos realmente garantizan que las y los representados estén al tanto de lo que ocurre en los órganos colegiados.

Un Estatuto que se renueva

Este cambio forma parte de una serie de reformas que se están aplicando al Estatuto Universitario para modernizar la estructura de gobierno de la Uaeméx. La actualización del marco legal no solo atiende a la coyuntura interna, sino también a estándares nacionales e internacionales en materia de protección de datos, transparencia, participación universitaria y equidad.

En ese sentido, la reforma al artículo 111 puede verse como un reflejo del proceso de maduración institucional, donde se busca equilibrar el derecho a la información con la necesidad de garantizar entornos seguros y respetuosos para toda la comunidad.

Próximos pasos

Con la aprobación de esta reforma, el Consejo Universitario y las autoridades académicas deberán trabajar de forma coordinada para establecer los mecanismos de comunicación interna que operarán en cada espacio académico. Se espera que en las siguientes semanas se publiquen lineamientos específicos o recomendaciones generales para orientar este proceso.

Además, organizaciones estudiantiles y colectivos académicos ya han manifestado su interés en dar seguimiento puntual a cómo se aplica esta nueva disposición en la práctica, a fin de asegurar que no se convierta en una barrera para la transparencia, sino en una vía efectiva para reforzar el diálogo y la representatividad.

La reforma al artículo 111 de la UAEMéx marca un momento clave en la vida institucional de la universidad. A través de una consulta histórica, se impulsó un cambio que pretende modernizar las formas de comunicación entre representantes y representados. El reto ahora será convertir esta nueva norma en una herramienta de fortalecimiento democrático y no en una excusa para el silencio.