La dimensión del problema puede ser abrumadora, pues según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, El Estado de México acumula 11 mil 608 personas desaparecidas

Oscar Glenn @OscarGlenn

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es deber reconocer que México afronta una crisis de personas desaparecidas, con más de 111 mil casos. En esta materia, el Centro Prodh detalla que además del problema de los desaparecidos existe una crisis forense con la brutal cifra de más de 52 mil cuerpos sin identificar.

Una de las promesas aún incumplidas por el gobierno y que genera indignación de familiares de desaparecidos, es la puesta en funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, lo cual provocó que este miércoles se llevaran a cabo una manifestación de exigencia y protesta en la Ciudad de México.

La dimensión del problema puede ser abrumadora, pues según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado de Jalisco tiene el mayor número de reportes de personas desaparecidas, con 14 mil 873 casos.

Tamaulipas ocupa el segundo lugar con 12 mil 999 casos, si bien es el estado con mayor número de migrantes desaparecidos, en su mayoría centroamericanos.

El Estado de México acumula 11 mil 608 personas desaparecidas; Veracruz registra 7 mil 394 casos y Nuevo León 6 mil 332.

Ante esta situación, la elaboración de un nuevo censo de personas desaparecidas, como lo propuso recientemente el Presidente, ante los reclamos de familiares, fue criticada por activistas de derechos humanos, fue tomada como un intento de reducir (o desaparecer ofensivamente) el número de personas sin localizar.

Reprochan también que aún no funcione el Banco Nacional de Datos Forenses, pese a que ya han transcurrido tres meses de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que en breve estaría listo, por si fuera poco, activistas han verificado que el banco todavía no cuenta con las bases genéticas ni de huellas dactilares, tampoco tiene registro de fosas clandestinas ni comunes. Peor aún, se ha señalado que prevén concluirlo hasta 2026.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas, con toda razón, perciben que falta voluntad política y responsabilidad para cumplir con esta deuda.

Por si algo faltara, la reciente renuncia la semana pasada de Karla Quintana, quien fungía como Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con las versiones que indican que se va por desavenencias con la forma de afrontar el tema y el famoso «Contexto», no permiten ninguna buena expectativa.

Activistas del Centro Prodh, aceptan que puede sonar bien que el mandatario proponga un Censo, dando idea que le preocupa tener datos confiables sobre los desaparecidos para hacer más efectiva la búsqueda.

Sin embargo, criticaron que el punto de partida sea el registro que ya existe y solo pretendan constatar que las familias no los han encontrado aún, o cuál es la situación que prevalece. Es una simulación, estiman.

Ahora la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y sancionar a los responsables.

Destacan que México tenga avances normativos e institucionales adoptados a través de diversas leyes, decretos y criterios judiciales y administrativos, pero reprueban las negativas y obstáculos en esta materia, que además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones, también reclaman los dolientes que ha faltado rendición de cuentas que permita el oportuno deslinde de responsabilidades administrativas y penales.

El derecho internacional en materia de derechos humanos establece claramente que las autoridades competentes deben disponer de las facultades y recursos suficientes para “acceder a la documentación y demás informaciones pertinentes”, lo cual no se cumple a plenitud, los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse y la ONU-DH también hace un llamado a preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos indispensables para garantizar los derechos de las víctimas.

Mientras tanto el gobierno federal sostiene que ha invertido como nunca antes en la búsqueda de desaparecidos al haber presupuestado a la Comisión Nacional de Búsqueda más que sus antecesores, 3 mil 029 millones de pesos en cinco años, una cifra sin precedentes.

Presumen que en cinco años, se creó un Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, San Luis Potosí y construyen otro en Tamaulipas, Morelos y Nayarit.

Además, reportan que están en proceso centros de resguardo en Baja California, Sinaloa y Sonora para sumarse a los de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

El problema sigue estando en que esos reportes numéricos no han cambiado la situación, ni disminuido la incidencia, la gente no ve el resultado, no lo siente avance, tendrían ya que reconocer que algo o mucho no lo están haciendo bien, por más dinero que digan invertir y de eso también habrá que esperar que se rindan cuentas.

Por si fuera poco, este miércoles organizaciones civiles denunciaron que más de 1 mil 800 migrantes están desaparecidos en México en medio de la crisis de más de 110 mil personas no localizadas en el país. Nuevamente nuestro país en el centro de atención de manera indeseable.

No pueden o no quieren darse cuenta que ni su narrativa ni sus datos, alcanzan, aunque se den golpes de pecho.