José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

Los primeros días del mes de noviembre de cada año representan una oportunidad para recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros pero hay que considerar que son distintas las ausencias que lastiman a la sociedad mexicana siendo una de las más dolorosas la que se refiere a las personas desaparecidas o no localizadas.

El número de personas desaparecidas en México debería de formar parte de una de las prioridades nacionales debido al dolor que generan a quienes por alguna razón no tienen certeza del paradero de algún familiar o amigo. En este sentido, vale la pena resaltar los hallazgos del Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en su visita a México en 2021, los cuales fueron publicados el año pasado:

En primer lugar hubo un crecimiento superior a 98 por ciento del número de desapariciones en el periodo 2006-2021, lo que nos lleva a asociar el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública como un factor explicativo del problema, lo que incluye a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y parte del periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018 hasta 2021).

En segundo lugar esta tendencia se explica a través de la diversificación de causas de las desapariciones ya que hasta antes de ese periodo se reconocía a la autoridad estatal como el principal perpetrador pero, en cambio, a partir de 2006 se incorporan otras causas, sobresaliendo la delincuencia organizada ya sea por medio de la trata de personas, secuestros, asesinatos, reclutamiento en grupos del crimen organizado, también hay que tomar en cuenta la migración no reportada hacia los Estados Unidos, etc. 

Respecto a la tendencia de las víctimas de desaparición se reconoce una diversificación de las mismas, aunque la mayor parte de los casos se concentra en hombres entre 15 y 40 años, se observa un incremento significativo entre menores de edad a partir de los 12 años, sobre todo en el grupo de mujeres.

Otro dato terrible es el mínimo porcentaje de casos judicializados, que oscila entre el 2 y el 6 por ciento y de estos solamente se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.

De igual manera, el informe indica que existe una grave crisis forense a nivel nacional que se traduce en más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, de las cuales 71% se concentran en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

Finalmente, el informe solicita al Estado mexicano tomar las acciones pertinentes para implementar una política nacional de prevención de las desapariciones, reforzando la atención de las causas y la evaluación de los resultados. También se hace mención del involucramiento de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, incluyendo víctimas y colectivos.

Ojalá este insumo sea retomado por las autoridades correspondientes para que la justicia permita a la sociedad mexicana sobrevivir a las dolorosas ausencias…