Operación «Restitución» revela vínculos entre invasores, armas, drogas y sindicatos; Fiscalía del Edomex lanza ofensiva para frenar el despojo y la corrupción inmobiliaria

Con una operación simultánea en 25 municipios, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lanzó una contundente ofensiva contra el despojo de propiedades, un delito que durante años ha afectado a miles de familias y empresas en la entidad. Respaldada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y fuerzas estatales y municipales, la acción forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, que busca frenar la apropiación ilegal de inmuebles y cortar de raíz sus redes de apoyo, incluidos servidores públicos y organizaciones criminales.

La llamada Operación “Restitución”, concebida como un programa permanente, no solo apunta al aseguramiento físico de bienes, sino también al desmantelamiento de estructuras que utilizan el chantaje, la falsificación de documentos o el uso indebido de figuras sindicales para apropiarse de predios, casas habitación, bodegas y hasta terrenos de valor ambiental.

El pasado 16 de mayo se ejecutaron 46 cateos y 29 inspecciones que derivaron en el aseguramiento de 75 inmueblesdistribuidos en municipios clave como Ecatepec, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca y Texcoco, entre otros. De estos bienes, 60 son casas habitación, pero también se localizaron naves industriales, bodegas, terrenos y un local comercial.

Durante las intervenciones se incautaron drogas como metanfetamina y marihuana, además de armas de fuego, cartuchos útiles, equipos de cómputo y comunicación, y más de 270 mil pesos en efectivo cuya procedencia está bajo investigación. La relevancia del operativo también se refleja en la detención de 21 personas, entre ellas 14 hombres y siete mujeres, por su presunta implicación en delitos como resistencia, despojo, portación ilegal de armas y falsificación de títulos de propiedad.

Pero el golpe va más allá de la criminalidad común. La Fiscalía ha documentado indicios de que varios de los detenidos podrían estar ligados a organizaciones sociales que se ostentan como sindicatos, como “Los 300”, “UPREZ Autónoma”, “USON” y “22 de Octubre”, las cuales habrían operado bajo el disfraz de lucha social para encubrir prácticas de invasión, extorsión y explotación de inmuebles.

Uno de los casos más emblemáticos se registró en Ecatepec, donde una mujer de 83 años, identificada como Aurelia, fue despojada de su propiedad por presuntos integrantes de “Los 300”, quienes utilizaron la casa para establecer una gasera clandestina. En el mismo municipio, otras tres viviendas fueron recuperadas a favor de adultos mayores que habían sido víctimas del mismo modus operandi.

Otro caso significativo ocurrió en Naucalpan, donde el pasado 7 de mayo fue devuelta una vivienda a Guadalupe, una mujer de 102 años, que había perdido su propiedad por medio de maniobras ilegales. Estos casos han sido priorizados por la Fiscalía debido a la vulnerabilidad de las víctimas.

Además del impacto en zonas residenciales, la operación también afectó intereses económicos de quienes usurpan propiedades con fines industriales. En Texcoco y Huixquilucan, por ejemplo, se aseguraron bodegas y predios que habían sido tomados por falsos trabajadores, quienes luego se proclamaron como integrantes de sindicatos para impedir el acceso a sus legítimos dueños. En muchos de estos espacios, incluso, comenzaron a desmantelar las instalaciones para venderlas como desperdicio industrial.

La acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno fue posible gracias a la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, creada el pasado 25 de abril mediante el Acuerdo número 03/2025 publicado en la Gaceta del Gobierno. En apenas dos meses, esta unidad ha sido clave en la recuperación de 268 inmuebles en 31 municipios del Estado de México.

La Fiscalía estatal señaló que continúa con los actos de investigación para que las propiedades aseguradas sean devueltas legalmente a sus legítimos propietarios y se sancione a los responsables. Asimismo, reiteró que los detenidos son considerados inocentes hasta que un juez emita sentencia condenatoria, conforme al debido proceso.

Las autoridades aseguran que esta estrategia no solo busca devolver lo robado, sino restablecer el Estado de derecho en zonas donde por años imperó la impunidad. Aunque falta mucho por hacer, la recuperación de cientos de propiedades en tan corto tiempo envía un mensaje claro: el despojo ya no será tolerado.

Los municipios más impactados por esta problemática, como Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Huehuetoca, Ixtapaluca y Tlalnepantla, seguirán siendo prioridad para las siguientes fases del operativo. La meta, según autoridades de la Fiscalía, es clara: cerrar el paso a los despojadores, proteger a los más vulnerables y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Este esfuerzo interinstitucional no es solo una operación policial. Es, también, un intento por reconstruir el tejido social a partir del respeto a la propiedad y la ley, pilares fundamentales para una convivencia justa y segura.