José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

En días recientes la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados federal presentó a través de la diputada Sue Bernal una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en materia de Delitos Electorales y en materia de Encuestas y Sondeos de Opinión.

Dicha propuesta reconoce que los estudios de opinión y las encuestas publicadas antes de la realización de comicios se han convertido en un instrumento de propaganda electoral en vez de representar una herramienta valiosa de análisis de las tendencias electorales. De igual manera, al día de hoy las sanciones a la desinformación que se puede propagar por medio de estudios de opinión intencionalmente sesgados es lenta y por lo tanto no se puede resarcir el daño causado.

Uno de los puntos relevantes de la iniciativa presentada por la diputada Bernal consiste en crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión, esto supondría evitar que surjan de un día para otro empresas encuestadoras fantasma sin antecedentes, lo cual se traduciría en una mayor confianza pero probablemente conduciría a formar un padrón limitado de encuestadores debido a los recursos y requisitos que deberían de cumplir las empresas emergentes.

Por otro lado es indispensable una discusión acerca de las metodologías que las empresas encuestadoras han venido implementando, si bien es cierto que no hay métodos infalibles para la predicción de las preferencias electorales, también lo es que el análisis estadístico ha desarrollado estrategias más confiables en algunos casos.

Consolidar este trabajo de contrastación metodológica implica un compromiso de empresas y autoridades respecto a la validez de la selección muestral de entrevistados y del tipo de preguntas realizadas. El día de hoy es muy difícil que las casas encuestadoras tengan disposición a someterse a escrutinios profundos ya sea por sus competidores, por instancias académicas o por observadores de la sociedad civil.

Finalmente otro aspecto relevante de la iniciativa es lo referente a la transparencia de los ingresos financieros, ya que estos estudios suelen ser resultado de recursos públicos destinados por los partidos políticos, por lo que es necesaria la máxima transparencia posible respecto a quien los paga y cual es el objetivo de la publicación de sus resultados. La atención a estos temas permitiría una mayor certeza respecto a los alcances de la información, poniendo a disposición de la población no solo los resultados, sino también claridad sobre el proceso de realización del sondeo o encuesta.

Es indispensable que las investigaciones de opinión pública sean resultado de ejercicios rigurosos, solo de esta forma podrán cumplir con un objetivo de divulgación democrática y fortalecerán el papel de los actores políticos. Ojalá y esta propuesta sea discutida con seriedad y responsabilidad por nuestros legisladores y se cuente con la participación de especialistas, empresas encuestadoras y organizaciones de la sociedad civil.