Bajo la premisa de combatir delitos y además facilitar la distribución de programas sociales es que el partido mayoritario en el Congreso Federal busca justificar la reforma a la Ley General de Población para mejorar contar con una nueva cédula de identidad

José Javier Niño Martínez / @JosJavierNioMa1

En el transcurso de esta semana ha avanzado en comisiones del Senado de la República la propuesta de la bancada de MORENA respecto a cambios de la Ley General de Población, uno de los puntos importantes del proyecto consiste en que ahora la Clave Única de Registro de Población (CURP) tenga fotografía además de nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, firma y huellas digitales, para convertirse en el documento de identidad de todos los mexicanos. Esta situación vuelve a poner en el centro de la discusión el problema respecto a las facultades del Estado Mexicano para recabar, resguardar y hacer uso adecuado de la información de los ciudadanos, en especial de los datos biométricos.

Cabe señalar que nuestra Constitución señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la identidad de cada uno de los ciudadanos del país por lo que desde hace muchos años se han promovido propuestas para establecer una cédula de identidad nacional.

Aunado a lo anterior, es indudable señalar que uno de los delitos que han alcanzado niveles alarmantes es el robo de identidad, sobre todo debido a que diferentes organizaciones delictivas aprovechan desde hace tiempo la transición al mundo digital en que la sociedad se encuentra inmersa, particularmente después de la pandemia del COVID-19.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) durante 2022 se reportaron 16 mil casos de víctimas de este delito, por otro lado se argumenta que un registro de esta naturaleza facilitaría la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Bajo la premisa de combatir delitos como estos y además facilitar la distribución de programas sociales es que el partido mayoritario en el Congreso Federal busca justificar la reforma ya mencionada; sin embargo, esto ha generado el debate entre organizaciones de defensa del derecho a la privacidad de los datos de los ciudadanos , como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a través de los siguientes cuestionamientos: 

• No se aclaran de forma suficiente las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para resguardar y compartir la información del registro con otras dependencias  gubernamentales.
• La ley señala de forma ambigua la recolección de al menos dos datos biométricos para la CURP (Fotografía, huellas dactilares y posiblemente el escaneo de iris).
• La centralización de las bases de datos en la Secretaría de Gobernación puede generar vulnerabilidad para un ataque cibernético si no se disponen los recursos suficientes para la protección de la información.
• La falta de registro puede excluir a ciudadanos del acceso a servicios de salud o programas sociales.
• Existe el riesgo de vigilancia biométrica de la población por parte del Estado debido al incremento de la capacidad de monitoreo y vigilancia, aumentando el riesgo de represión de opositores.

Como mencioné al inicio, el debate se ha abierto y en los días siguientes se verá si la oposición y las organizaciones sociales son capaces de plantear mejoras al proyecto o de plano detenerlo.