El México mestizo no ha podido garantizar igualdad para todas las personas, la economía y la política son evidencia de las esferas en donde la condición étnica representa un obstáculo para las acciones afirmativas

José Javier Niño Martínez

La aspiración política de Xóchitl Gálvez respecto a la candidatura presidencial de nuestro país ha puesto en el escenario público un tema que suele soslayarse a pesar de suponer un eje constitutivo de nuestra identidad nacional: la condición étnica y su relación con la política institucional.

Si bien es cierto que las personas en México disponemos de igualdad jurídica ante las instituciones, en la práctica existe una profunda desigualdad en el acceso a los derechos, la condición indígena es receptáculo de estas desigualdades arraigadas históricamente, ante ello no se puede olvidar que siglos de dominación significaron que la evolución del marco legal mexicano se construyó en cimientos que reflejaban una negación de las formas de gobierno en comunidades tradicionales y que además pretendían borrar muchas costumbres e incluso prohibieron el uso de las lenguas de los grupos originarios. En pocas palabras, era una condición negativa en la sociedad mexicana.

Hay que recordar que la noción de raza de bronce se institucionalizó al inicio del siglo veinte con el objetivo de fomentar una identidad nacional única, en detrimento de la diversidad de grupos originarios, con el paso del tiempo el reconocimiento cultural y la atención de sus necesidades dejó de ser una prioridad del gobierno. Reitero lo importante de esta situación: no olvidar que la categoría indígena ha sido construída como resultado del mestizaje, en pocas palabras se impuso desde el Estado sin discusión ni opinión de los grupos originarios.

Sobre el tema se pueden distinguir al menos de dos visiones históricas del papel de los grupos indígenas, por un lado la racialización instaurada desde el mestizaje en condiciones de superioridad para una mayoría que negó su raíz prehispánica, por otro lado la disfunción gubernamental para atender necesidades sociales mientras promovía la cultura indígena como objeto de propaganda identitaria. La consecuencia de estas visiones llevó a que las instituciones mexicanas privilegiaran el mestizaje sobre la identidad de los grupos, reduciendo la diversidad y peor aún enfocándose al folklore como su principal distintivo.

Creo que el movimiento neozapatista en el ya lejano 1994 en Chiapas obligó a una reflexión necesaria sobre la identidad nacional y étnica pero, sobre todo, la implementación de una política del autoreconocimiento de la diversidad en la sociedad política. Se puede estar de acuerdo o no con los objetivos o métodos del movimiento, pero sin duda alguna su irrupción permitió incorporar la figura de los pueblos indígenas a la agenda pública nacional.

Con el paso del tiempo la situación de los pueblos originarios no ha cambiado sustantivamente, siguen siendo objeto de discriminación y de una violencia estructural que la mayoría de la sociedad mexicana desincorpora de sus prioridades. El México mestizo no ha podido garantizar igualdad para todas las personas, la economía y la política son evidencia de las esferas en donde la condición étnica representa un obstáculo para las acciones afirmativas.

En este escenario es en el que la figura de Xóchitl Gálvez ha encendido el debate, desde la discusión de su adscripción étnica hasta la legitimidad de su aspiración, sin duda alguna tendremos mucho que discutir al respecto.